1 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD NORBERT WIENER  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIA 
POLÍTICA  
 
 
 
 
 
LA CONDENA DEL ABSUELTO Y SU VULNERACIÓN EN EL DEBIDO 
PROCESO 
 
 
 
TRABAJO ACADÉMICO PARA OPTAR EL TITULO DE 
ESPECIALISTA EN DERECHO PROCESAL 
 
 
PRESENTADO POR: 
 
 
ALUMNO: SONIA MONTELLANOS LLAMOCA 
 
 
 
 
 
 
LIMA – PERU 
2021 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mi familia 
3 
 
 
INDICE 
 
 
 
RESUMEN 
ABSTRACT 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Problema de investigación 
 
1.1.1 Planteamiento del problema 
 
1.1.2 Formulación del problema 
 
1.1.3 Justificación de la investigación 
 
1.2 Marco referencial 
 
1.2.1. Antecedentes 
 
1.2.2 Marco conceptual 
 
1.2.2.1. Fundamentos del derecho de alimentos 
 
1.2.2.2. Características del derecho alimentario 
 
1.3. Objetivos e hipótesis 
 
1.3.1 Objetivos 
 
1.3.1.1. Objetivo General 
 
1.3.1.2. Objetivo Especifico 
 
1.3.2 Hipótesis 
 
1.3.2.1. Hipótesis general 
 
1.3.2.2. Hipótesis específica 
4 
 
 
 
 
II. MÉTODO 
 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
2.1.1 Tipo de investigación 
 
 
2.1.2 Diseño de investigación 
 
2.2. Variables 
 
2.3 Población, muestrea y muestreo 
Población 
Sujetos de investigación. Muestra: criterios de selección 
Unidades de Muestreo 
2.4. Instrumentos para la recolección de datos 
 
2.5. Técnicas para el procesamiento de datos 
 
 
III. RESULTADOS 
 
3.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
3.2. DISCUSIÓN 
 
3.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
3.4. Recomendaciones 
 
 
IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ANEXOS 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN 
 
 
En el presente trabajo de investigación, se analiza el artículo 566° del código 
civil, referido a la ejecución anticipada de alimentos, en el que se establece que 
si la pretensión de alimentos es amparada, el juez debe señalar el monto de la 
pensión de alimentos, mandando abonar estar por mes adelantado. Asimismo, 
el código procesal civil señala que esta se ejecuta aunque haya apelación. 
 
 
A través del presente trabajo, analizaremos la importancia de dicha figura, que 
es una excepción al efecto suspensivo de la apelación, y la cual se encuentra 
regulada en el código procesal a favor de los beneficiarios de la misma. 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
In the present research work, article 566 of the civil code, referring to the 
anticipated execution of food, is analyzed, which establishes that if the claim for 
maintenance is protected, the judge must indicate the amount of the maintenance 
of      food,      sending      payment      to      be      in      advance      month. 
Also, the civil procedure code indicates that it is executed even if there is an 
appeal. 
 
 
Through this work, we will analyze the importance of this figure, which is an 
exception to the suspensive effect of the appeal, and which is regulated in the 
procedural code in favor of the beneficiaries of the same. 
7 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1. Problema de investigación 
 
 
1.1.1 Planteamiento del problema 
 
 
Los alimentos se han erigido en un problema social de los tiempos modernos, 
por cuanto afecta de manera vital y a corto plazo a la subsistencia o a la nutrición 
indispensable1. 
 
El derecho a los alimentos es un derecho fundamental, de esa manera ha sido 
reconocido en el artículo 25° de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos se señala que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios”. 
 
 
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, establece que: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen 
el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, 
incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de 
las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas 
para asegurar la efectividad de este derecho”. 
 
1 Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 537/2006-CR; N° 707/2006-CR y 1247/2006-CR que proponen 
modificar el Código Procesal Civil sobre alimentos. 
8 
 
 
 
 
El derecho alimentario se fundamenta en la dignidad de la persona humana y su 
respeto, los alimentos que constituyen por antonomasia lo necesario e 
indispensable para la subsistencia de una persona y desarrollo humano. 
 
 
Sobre su concepto, Esquivel (2013: 35), señala que: “por alimentos se entienden 
todos aquellos medios necesarios para la subsistencia de una persona, y que 
comprende no solo los relativos a la alimentación propiamente dicha, sino 
también a todos los aspectos de vida en general, incluidos por supuesto, los de 
educación. La prestación de alimentos es, en consecuencia, la satisfacción por 
una persona, a favor de otra, de los medios necesarios para la subsistencia de 
esta. Entendiéndose que la deuda alimenticia es la obligación que tiene una 
persona, bien por ley, por negocio jurídico inter vivos o por testamento, de 
prestación de alimentos a otra persona”. 
 
 
De los caracteres que tipifican al derecho alimentario son los siguientes: i) es un 
derecho personalísimo, en el sentido que, dirigido como está a garantizar la 
subsistencia del titular, no puede desprenderse de él y lo acompaña 
indisolublemente en tanto subsista el estado de necesidad en que se sustenta. 
Esa misma calidad vital que tienen los alimentos, desde que de ellas depende la 
supervivencia del sujeto en tanto no pueda valerse por sí mismo, determina que 
el derecho y, en consecuencia, la acción a que da lugar sea imprescriptible de 
modo que en tanto exista el derecho existirá la acción para ejercerlo; 
irrenunciable pues abdicar de él equivaldría a abdicar de la vida, incompensable, 
9 
 
 
porque la subsistencia del ser humano no puede trocarse por ningún otro 
derecho, intransigible e inembargable, por la misma razón fundamental2. 
 
De otro lado, sobre su naturaleza jurídica, existen tres tesis, que son las 
siguientes (Córtez 2014:163): 
 
 
a) Patrimonialista: el derecho alimentario tiene naturaleza genuinamente 
patrimonial y por ende transmisible. Actualmente esta concepción ya ha sido 
superada porque el derecho alimentario no es solo de naturaleza patrimonial 
(económico), sino también de carácter extramatrimonial o personal. 
 
 
b) No patrimonial: se considera a los alimentos como un derecho personal o extra 
patrimonial en virtud del fundamento ético-social y del hecho de que el 
alimentista no tiene ningún interés económico, ya que la prestación recibida no 
aumenta su patrimonio ni sirve de garantía a sus acreedores, presentándose, 
entonces, como una de las manifestaciones del derecho a la vida que es 
personalísima. 
 
 
En ese sentido se afirma que es un derecho inherente a la persona y así como 
es consustancial a la persona el derecho de alimentos, es también personal el 
deber de prestarlos, lo cual significa que son intransmisibles. 
 
 
 
 
 
2 Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 537/2006-CR; N° 707/2006-CR y 1247/2006-CR que proponen 
modificar el Código Procesal Civil sobre alimentos. 
10 
 
 
c) Naturaleza sui géneris: el derecho de alimentos es la institución de los 
alimentos de naturaleza sui géneris, por ser una institución de carácter especial, 
de contenido patrimonial y finalidad personal conexa a un interés superior 
familiar, que se presente como una relación patrimonial de crédito-debito, por lo 
que existiendo un acreedor puede exigirse al deudor una prestación económica 
en concepto. Nuestro código civil se adhiere a esta última tesis. 
 
 
En la legislación peruana, se encuentran diversas normas que tienen como 
finalidad proteger este derecho. En primer lugar, el artículo 6 de la Constitución 
Política regula el “deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar 
seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padre”. 
Por su parte, el artículo 92 del código de niños y adolescentes señala que los 
“alimentos” son “lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, 
instrucción y capacitación para el trabajo. 
 
 
Asimismo, el código civil en su artículo 472 contiene una definición legal de 
alimentos que señala: “se entiende por alimentos lo que es indispensable para 
el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la situación y 
posibilidades de la familia. Cuando el alimentista es menor de edad, los 
alimentos comprenden también su educación, instrucción y capacitación para el 
trabajo”. 
 
 
En cuanto a la diferencia que podemos apreciar en cuanto a la redacción de este 
artículo en el actual código civil con la del código civil de 1936 es simplemente 
11 
 
 
posicional, ya que en esencia, la norma tiene el mismo espíritu, en el sentido de 
que los alimentos se tienen que regular de acuerdo con “la situación y posibilidad 
de la familia”. Esto se da porque lo que se quiere es que no haya diferencia o 
discriminación entre los hijos matrimoniales y extramatrimoniales (Chunga 
2003:240). 
 
 
Cabe precisar que el Perú ha suscrito y adoptado compromisos internacionales 
relacionados al derecho a la alimentación. Por ejemplo, en el Parlamento 
Latinoamericano, el Estado tiene la obligación de: i) respetar el derecho a la 
alimentación; ii) proteger este derecho. 
 
 
Sobre el proceso de alimentos, se debe señalar que este ha sido diseñado como 
“un proceso célere que tiene como finalidad que los beneficiarios obtengan lo 
indispensable para cubrir sus necesidades básicas como alimentación, salud, 
vivienda y educación”; sin embargo, como acota la Defensoría del Pueblo en su 
Informe 001-2018-DP/AAC, “no se ha logrado la satisfacción de estas 
necesidades en todos los casos”. En el citado informe, la Defensoría indicó los 
motivos y características que no han permitido que el citado proceso no cumpla 
su objetivo de garantizar el acceso al derecho a alimentación a sus beneficiarios, 
entre los que se aprecia los siguientes: 
 
 
- De 3512 expedientes, se advirtió que la calificación de la demanda tardó 
más de los cinco días que establece la ley. 
12 
 
 
- A la demora en la admisión de la demanda, se debe sumar el plazo 
tomado por los juzgados de primera instancia para resolver el proceso y 
emitir la respectiva sentencia. 
 
 
- Adicionalmente a la demora en el proceso de alimentos –que puede tomar 
entre 30 días y más de un año hasta la emisión de la sentencia-, debe 
considerarse el proceso que toma la resolución de las apelaciones. 
 
 
 
-  La apelación, en nuestro ordenamiento jurídico, es un mecanismo 
de defensa de las partes en el proceso, expresando su disconformidad 
con la decisión de primera instancia. La actual redacción del artículo 371 
del código procesal civil le otorga carácter suspensivo a las apelaciones 
de las decisiones de primera instancia. 
 
 
- Esto significa – en los procesos de alimentos – que, tras obtener una 
sentencia que otorga la pensión alimenticia y/o los devengados de la 
misma a un beneficiario; la parte demandada puede interponer recurso de 
apelación quedando, temporalmente, sin obligación de cumplir con dicha 
sentencia. Lo que significa que los beneficiarios deben esperar más 
tiempo sin contar con la que – en un alto porcentaje de casos – representa 
el único ingreso para cubrir sus necesidades básicas. 
 
 
- En el estudio de la Defensoría del Pueblo, el 10.4% de los 3,512 
expedientes analizados pasaron a la segunda instancia debido a que las 
13 
 
 
resoluciones son apeladas. El 53.1% de las apelaciones demoraron más 
de 90 días en ser resueltas. 
 
 
Finalmente, en la citada propuesta normativa indica que su objetivo es garantizar 
el pleno acceso a la justicia y ejercicio del derecho a la alimentación de los 
beneficiarios de las sentencias en dichos procesos judiciales, teniendo en 
consideración que se trata de procesos en los que se pretende garantizar el 
acceso al derecho a la alimentación (entendida como la nutrición y otros 
elementos para la cobertura de necesidades básicas y garantizar el desarrollo 
integral). 
 
 
Ahora bien, la demanda de pretensión de alimentos se encuentra regulada en el 
artículo 560° del código procesal civil, y mediante dicha acción se solicita “lo 
necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y 
capacitación para el trabajo, asistencia médica y recreación del niño o del 
adolescente. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción 
hasta la etapa de postparto” (según lo establecido en el artículo 92° de la ley 
27337, Código de los Niños y Adolescentes). 
 
 
En el proceso de alimentos la prueba que debe suministrar el solicitante consiste 
fundamentalmente en la de los requisitos de fondo de derecho que invoca: 
parentesco con el demandado, falta de medios de subsistencia y de aptitud para 
adquirirlos, medios económicos del demandado. Además, en algunos casos se 
ha decidido que en razón del carácter subsidiario de la obligación de los afines, 
14 
 
 
cuando se reclama alimentos a éstos debe demostrarse que no hay 
consanguíneos o que están imposibilitados de cumplir con su obligación 
(Hinostroza 2012:83). 
 
 
En ese sentido la Corte Suprema en la Casación 4276-2001, Ica, ha señalado 
que: “son condiciones para ejercer el derecho a pedir alimentos la existencia de 
un estado de necesidad de quien los pide, la posibilidad económica de quien 
debe prestarlos y la existencia de una norma legal que establezca dicha 
obligación; (…) atendiendo al carácter irrenunciable e imprescriptible del derecho 
alimentario si el Juez constata la existencia de las tres condiciones antes 
mencionadas debe establecer la obligación alimentaria a cargo del obligado”. 
 
 
Asimismo, el artículo 566° del código procesal civil, señala que “la pensión de 
 
alimentos que fije la sentencia debe pagarse por período adelantado y se ejecuta 
 
aunque haya apelación. En este caso, se formará cuaderno separado. Si la 
 
sentencia de vista modifica el monto, se dispondrá el pago de éste” (Gaceta 
 
Jurídica 2014:63). 
 
 
En ese sentido, la pensión de alimentos que fije la sentencia se ejecuta aunque 
haya apelación. Sobre el particular hay que precisar que bajo el contexto de la 
acumulación subjetiva de pretensiones, la sentencia que hubiere sido impugnada 
parcialmente, queda firme en el extremo no impugnado por las partes. La unidad 
del proceso llevaría a que no se ingrese a la ejecución por estar pendiente de 
resolver la impugnación; sin embargo, por mandato expreso de la ley, tratándose 
15 
 
 
de pretensiones alimentarias se permite alterar esta unidad del proceso e 
ingresar a la ejecución por más que el proceso esté pendiente del resultado de 
la apelación propuesta (Ledesma 2008:898). 
 
 
Así en el Exp. 1371-97, se ha “señalado que el pedido de ejecución anticipada 
no conlleva a la liquidación de pensiones devengadas pues esta, junto con los 
intereses legales se realiza una vez concluido el proceso. La pensión de 
alimentos que fija la sentencia debe pagarse por período adelantado y se ejecuta 
aunque haya apelación”. 
 
 
Sobre esta disposición, se ha señalado que, “se está ante un caso sui generis 
en materia impugnativa, porque la apelación de la sentencia – que normalmente 
se concede con efecto suspensivo – será concedida sin efecto suspensivo 
tratándose de los procesos de alimentos. Si bien dicho precepto legal no lo 
señala expresamente, lo señalado puede deducirse de su lectura. La ejecución 
de la sentencia y el trámite de apelación en cuaderno aparte implica, pues, la 
concesión sin efecto suspensivo del recurso de apelación”. 
 
 
En este extremo, cabe precisar que mediante Proyecto de Ley N° 3317/2018- 
 
CR, se propuso modificar el artículo 371 del código procesal civil, exceptuando 
 
el efecto suspensivo de las apelaciones interpuestas en los procesos por 
 
alimentos; garantizando así el efectivo acceso a la justicia para los beneficiarios 
 
de dichos procesos judiciales. 
16 
 
 
Como se aprecia, la pensión del alimentista es constitucionalmente reconocida 
como el derecho y deber de los padres de alimentar, educar y seguridad a sus 
hijos. En ese sentido, como se ha mencionado, el derecho personalísimo, 
intransmisible, intransigible, inembargable e irrenunciable. Por tanto, la 
importancia y esencia de ese deber y derecho se demuestra en el hecho de que, 
ante una demanda por alimentos, la ejecución de la sentencia es anticipada, los 
efectos de la misma surtirán inmediatamente, aun cuando la misma haya sido 
apelada (artículo 566 del código procesal civil). 
 
 
En ese sentido, la importancia de la ejecución anticipada de alimentos radica en 
que al ser un derecho fundamental del menor, no puede ser suspendida, así se 
haya apelado la sentencia que la otorga. 
 
 
1.1.2 Formulación del problema 
 
 
Problema General 
 
 
¿Cuál es la importancia de la ejecución de la pensión de alimentos, así se haya 
apelado la sentencia que la otorga? 
 
 
1.1.3 Justificación de la investigación 
17 
 
 
La presente investigación se justifica al determinarse la importancia de la 
ejecución anticipada de alimentos, pues al ser un derecho fundamental del 
menor, no puede ser suspendida, así se haya apelado la sentencia que la otorga. 
 
 
1.2 Marco referencial 
 
1.2.1. Antecedentes 
 
 
Es de señalar que se hizo una búsqueda tanto a nivel de la facultad de Derecho 
Universidad Norbert Wiener, sin encontrarse ningún trabajo relacionado con el 
tema específico que se abordan en la presente investigación; por lo tanto, reúne 
las condiciones temáticas y metodológicas suficientes, para ser considerada 
como ejecutable. 
 
 
1.2.2 Marco conceptual 
 
 
1.2.2.1. Fundamentos del derecho de alimentos 
 
El derecho de alimentos se considera como un derecho fundamental del ser 
humano, está garantizado por valores como son la unidad, la solidaridad y la 
asistencia. Estos valores en mención se encuentran ínsitos en las relaciones 
conformadas por las personas y debido a las posibilidades de estrechar los 
vínculos formulados a través de la interactuación intersubjetiva. Los alimentos 
en el ámbito civilístico se traducen, a la vez, como un derecho y una obligación. 
Como un derecho de quien debe percibirlos por carecer de posibilidades para 
subsistir y como una obligación del deudor alimentario, el cual está sujeto por ley 
18 
 
 
a ejecutar una prestación. En este último sentido cobra vigencia la expresión de 
prestación alimentaria (Simon 2017:13). 
 
 
Respecto al concepto del derecho de alimentos, los órganos jurisdiccionales, 
han señalado lo siguiente: 
 
 
“Jurídicamente por ley debe entenderse la prestación en dinero o en 
especie que una persona, en determinadas circunstancias (indigente, 
incapaz, entre otros), puede reclamar de otras, entre las señaladas por ley, 
para su mantenimiento y subsistencia; es, pues, todo aquello que, por 
ministerio de la ley o resolución judicial, una persona tiene derecho a exigir 
de otra para vivir. En general, los alimentos se encuentran constituidos por 
comida, vestido, habitación, como asistencia en caso de enfermedad. 
Respecto de los menores, incluyen además, educación básica y 
aprendizaje de un oficio, arte o profesión” (Exp. 00049-2009, Juzgado de 
Paz Letrado de Canta). 
 
 
Sobre los fundamentos del derecho alimentario, Somarriva (1983: 614); señala: 
 
 
“El derecho que tiene una persona a exigir alimentos de otra, con la cual 
generalmente se encuentra ligada por el parentesco o por el vínculo 
matrimonial, tiene un sólido fundamento en la equidad, en el Derecho 
Natural. De ahí que el legislador al establecerlo en la ley no hace sino 
19 
 
 
reconocer un derecho más fuerte que ella misma, y darle mayor importancia 
y relieve”. 
 
 
Asimismo, Zannoni (1998: 113), señala que el fundamento de la obligación 
alimentaria surge del vínculo de parentesco que existe entre las partes. Así, 
comenta. 
 
 
“(…) Entonces, el vínculo del parentesco es el que establece una verdadera 
relación alimentaria, que se traduce en un vínculo obligacional de origen 
legal, que exige recíprocamente de los parientes una prestación que 
asegure la subsistencia del pariente necesitado. Esta relación, de 
naturaleza netamente asistencial, trasunta principios de solidaridad familiar 
ante las contingencias que pueden poner en peligro la subsistencia física 
de uno de sus miembros y que le impide, circunstancial o 
permanentemente, procurarse los medios necesarios para asegurar esa 
subsistencia”. 
 
 
1.2.2.2. Características del derecho alimentario 
 
 
Sobre sus características, Somarriva (1983: 622); indica las siguientes: 
 
 
“El derecho de alimentos tiene el carácter de personalísimo, porque está 
establecido en consideración a la persona del alimentista. Es además, un 
derecho incomerciable, ya que no es negociable el derecho de alimentos 
20 
 
 
como tal, siendo distinto el caso del monto a fijarse como pensión de 
alimentos, así en cuanto a la forma en que se va a cumplir con el derecho 
alimentario, es posible que la prestación pueda consistir en una suma 
líquida en dinero o en especie. De estas consideraciones se derivan como 
consecuencias importantes: que el derecho de alimentos es intransferible 
tanto por acto entre vivos como por causa de muerte; el derecho de 
alimentos es irrenunciable dado que como derecho le está conferido a la 
persona del beneficiario, quien siempre que se encuentre en estado de 
necesidad podrá pedírselos a los obligados frente a él; es un derecho 
imprescriptible, esto significa que el alimentista podrá pedir alimentos en 
cualquier momento de su vida, claro, siempre y cuando concurran los 
requisitos establecidos por la ley para solicitarlos; y finalmente, es un 
derecho inembargable, estando a la naturaleza del derecho que tiene como 
finalidad proporcionar lo que sea necesario para la subsistencia de la 
persona”. 
 
 
Por su parte Diez Picazo (1998: 47), comenta sus siguientes características: 
 
 
“Una característica importante es que el derecho de alimentos es intuito 
personae, porque la relación se da entre determinadas personas y solo 
entre ellas, por lo que no se transmite a los sucesores por la muerte del 
alimentante o alimentista. Los herederos del primer obligado podrán desde 
luego ser sujetos pasivos (deudores alimentarios), pero por su grado de 
21 
 
 
parentesco frente a otros parientes, no por su carácter de herederos de 
aquél, lo que hace que estemos ante una nueva obligación alimenticia”. 
 
 
Ledesma (2003); también comenta sobre las características del derecho 
alimentario; y refiere lo siguiente: 
 
 
“Una de las características que se pueden asignar al derecho alimentario 
es la referida al orden público. Ello resulta no solo del fundamento de la 
solidaridad familiar, pues en materia alimentaria, no solo los parientes y 
cónyuges se hallan interesados, sino toda la comunidad social; de ahí las 
prohibiciones de ceder, renunciar, vender, embargar, compensar, transar 
la prestación alimentaria. Tales prohibiciones encuentran su sustento en el 
orden público, por tanto, podemos decir que el derecho alimentario se tutela 
en razón de un interés social y de un interés familiar. 
 
 
Si el derecho alimentario es de orden público, se halla interesada en el 
mismo toda la comunidad, y por lo tanto, la prestación alimentaria es de 
interés social. 
 
 
El derecho alimentario familiar no tutela un derecho patrimonial del 
alimentado, sino que se trata directa y fundamentalmente de un interés de 
orden superior donde predomina el concepto del deber que, a su vez, da 
una especial significación al concepto de obligación moral hecha coactiva. 
22 
 
 
En relación a los caracteres del Derecho de Alimentos, nuestro Código Civil 
señala “el derecho de pedir alimentos es intrasmisible, irrenunciable, 
intransigible e incompensable”. 
 
 
Cornejo Chávez, refiriéndose a los caracteres del derecho alimentario, lo 
califica de un derecho personalísimo, en el sentido de garantizar la 
subsistencia del titular, no puede desprenderse de él y lo acompaña 
indisolublemente en tanto subsista el estado de necesidad en que se 
sustenta. 
 
 
Como de los alimentos depende la supervivencia del sujeto, en tanto no 
pueda valerse por sí mismo, ello determina que el derecho y, en 
consecuencia, la acción a que da lugar sean imprescriptibles, de modo que 
en tanto exista el derecho existirá la acción para ejercerlo. 
 
 
Según López del Carril, el derecho a reclamar alimentos es imprescriptible 
porque la obligación alimentaria se renueva, día a día, en la medida en que 
nacen diariamente necesidades del alimentario, de modo que la 
prescripción comenzaría continuamente a correr en el momento presente, 
por lo que nunca puede tenérsela por operada”. 
 
 
Finalmente, Canales (2013: 9-11) indica: 
23 
 
 
“Una cosa es el derecho y otra muy distinta la obligación alimentaria. Al 
hablar de las características de la obligación alimentaria debemos 
distinguirla de la pensión, vale decir, de la materialización concreta y 
efectiva de la obligación de dar alimentos. De allí que las características las 
estructuremos en base al titular de la obligación jurídica, el alimentante; sus 
caracteres son: personal, recíproca, variable, intransmisible, irrenunciable, 
incompensable, divisible y mancomunada, y extinguible: 
 
 
Personalísima 
 
La obligación alimentaria se encuentra a cargo de una persona determinada 
en virtud del vínculo jurídico que mantiene con el alimentista, es intuito 
personae, no se transmite a los herederos(4). La obligación alimentaria recae 
sobre una persona determinada, quien por mandato de la ley, o en virtud de 
la autonomía de la voluntad, es el deudor alimentario. 
 
 
Variable 
 
Es revisable. Dado que los presupuestos para determinación de la obligación 
alimentaria varían (origen legal o voluntario de la obligación, estado de 
necesidad, posibilidad económica, etc.) ocurre lo mismo con la obligación 
alimentaria. 
 
 
Los elementos legales o voluntarios que la hacen surgir son materia de 
constante análisis, así como también las posibilidades económicas del 
alimentante, el estado de necesidad del alimentista, lo cual nos puede llevar 
24 
 
 
a una variación, aumento, reducción o exoneración de la obligación. Esta es 
la principal característica de la obligación alimentaria. 
 
 
Recíproca 
 
Es mutua o bilateral en la medida que se da jurídicamente entre personas que 
comparten vínculos entre sí; por ejemplo, cónyuges, ascendientes y 
descendientes, hermanos, etc. Quien hoy da, mañana más tarde está en el 
derecho de recibir. 
 
 
Intrasmisible 
 
Se impide que la obligación alimentaria pueda ser objeto de transferencia o 
cesión por actos ínter vivos al ser una obligación intuito personae. El artículo 
1210 del Código corrobora este carácter inalienable cuando establece que la 
cesión no puede efectuarse cuando se opone a la naturaleza de la obligación. 
En consecuencia, tampoco podrá el alimentista constituir a favor de terceros 
derecho sobre las pensiones, ni ser estas embargadas por deuda alguna, 
conforme indica el artículo 648, inciso 7 del Código Procesal Civil. 
 
 
El artículo 486 del Código Civil refiere que la obligación de prestar alimentos 
se extingue con la muerte del alimentante o del alimentista, la razón está en 
el carácter personalísimo de la obligación y en la estricta relación que hay 
entre ambos. Los herederos nada tienen que ver con los compromisos que en 
vida tuvo el hoy difunto. 
25 
 
 
Irrenunciable 
 
El derecho a los alimentos es irrenunciable. Sin embargo, sí se puede 
renunciar al ejercicio del derecho, prácticamente a ser alimentado. El encargo 
de alimentar es de orden público, impuesto por el legislador por motivo de 
humanidad y piedad, razón por la cual se restringe su renuncia. Esta 
característica se vincula con la prescripción sobre todo en el cobro de las 
pensiones devengadas. 
 
 
De ello se infiere la imprescriptibilidad del derecho alimentario aunque estén 
sujetas a prescripción las pensiones devengadas y no percibidas durante dos 
años (artículo 2001, inciso 4 del Código Civil. 
 
 
Incompensable 
 
Referida a la obligación alimentaria como a las pensiones alimentarias. No se 
permite la compensación de la obligación alimentaria con alguna otra 
obligación existente entre el acreedor y el deudor alimentario. Esto último se 
comprueba, en lo dispuesto en el artículo 1290 del Código Civil que prohíbe 
la compensación del crédito inembargable. Permitir la compensación, a decir 
de Monteiro, con una deuda de otra naturaleza sería privar al alimentado de 
los medios indispensables a su manutención, condenándolo al inevitable 
perecimiento; no puede permitirse la compensación en virtud de un 
sentimiento de humanidad e interés público. Este autor cita dos ejemplos en 
los analiza la imposibilidad y la posibilidad en la compensación: 
26 
 
 
- Posibilidad de compensación: si el deudor paga la escuela del hijo en vez 
de depositar el valor correspondiente en la cuenta bancaria de la madre, 
quedará sujeto a compensación, ya que la causa de dicho pago es la misma 
obligación de alimentos del padre para con su prole. 
 
 
- Imposibilidad de compensación: si el padre decide dar un presente al hijo 
no podrá considerar el valor del presente al depósito que debió hacer en la 
cuenta bancaria de la madre en razón de la diversidad de causas de lo 
otorgado como regalo de lo comprometido como alimentos”. 
 
 
1.2.2.3. Aspectos del derecho de alimentos 
 
 
Sobre los aspectos que comprende la pensión de alimentos, Bustamante 
Oyague (2003), refiere que abarca lo siguiente: 
 
 
“La regulación general del derecho alimentario está contenida en el artículo 
472 del Código Civil, señala esta norma el contenido de los aspectos que 
comprende el derecho alimentario, entendiéndose que, alimentos es lo 
indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, 
según la situación y posibilidades de la familia. Cuando el alimentista es 
menor de edad, los alimentos comprenderán también su educación, 
instrucción y capacitación para el trabajo. 
27 
 
 
En cuanto a la obligación de dar alimentos al menor de edad, debe indicarse 
que la obligación alimentaria de padres a hijos se sustenta en la patria 
potestad. En nuestro ordenamiento, de acuerdo al inciso 1 del artículo 423 
del Código Civil se enuncia que forma parte de los deberes y derechos que 
genera la patria potestad, el proveer el sostenimiento y educación de los 
hijos. Siendo el derecho alimentario expresión de la obligación de 
sostenimiento de los hijos. 
 
 
De forma específica, el Código de los Niños y Adolescentes regula el 
derecho de alimentos a favor de los menores de edad, ampliando los 
conceptos comprendidos en el artículo 472 del Código Civil, incluyéndose 
lo necesario para la recreación, y los gastos del embarazo de la madre 
hasta los gastos del post-parto. En efecto, en el artículo 92 del Código de 
los Niños y Adolescentes se expresa que: “se considera alimentos lo 
necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y 
capacitación para el trabajo, asistencia médica y recreación del niño o del 
adolescente. También los gastos del embarazo de la madre desde la 
concepción hasta la etapa de postparto.” 
 
 
El Código Civil español tiene una disposición parecida al del artículo 92 del 
Código de los Niños y Adolescentes, pues en la ley modificatoria del 13 de 
mayo de 1981 ha incluido los gastos de embarazo y parto. Comentando 
esta disposición, DIEZ PICAZO y GULLÓN han referido que la expresa 
mención de estos conceptos no era necesaria. Podían sin dificultad 
28 
 
 
entenderse incluidos en la “asistencia médica”. Lo que probablemente ha 
querido señalar el legislador es que estos gastos se deben en el caso de 
que las madres sean solteras. 
 
 
Entonces, cuando el alimentista sea menor de edad, los alimentos además 
de comprender lo necesario para subsistir, también comprenderán los 
gastos de su educación, instrucción y capacitación para el trabajo, de 
acuerdo al segundo párrafo del artículo 472 del Código Civil concordado 
con la segunda parte del artículo 92 del Código de los Niños y 
Adolescentes”. 
 
 
1.2.2.4. Criterios a tener en cuenta para determinar la pensión de alimentos 
 
 
En referencia a los criterios a tener en cuenta para determinar la pensión de 
alimentos, Bustamante Oyague (2002), comenta lo siguiente. 
 
 
“En España se ha considerado que por la propia relatividad patrimonial de 
la familia no se impone una prueba tajante de la fortuna y medios del 
obligado ni de las necesidades del demandante, sino que se atiende 
principalmente a medios indirectos e indiciarios de fijación, tal como lo ha 
señalado la jurisprudencia española al considerar: la profesión y tren de 
vida que lleva el demandado, también la titulación universitaria del obligado 
y su nivel de vida elevado, o que el alimentante sea abogado de profesión 
con importantes ingresos. Observándose también que la prueba de la 
29 
 
 
necesidad del alimentista por ser una prueba negativa, tampoco puede 
hacerse plenamente, por ello para reclamar alimentos basta alegar que se 
carece de bienes y se encuentra en estado de necesidad, pasando 
entonces al demandado la carga de la prueba de que el demandante tiene 
bienes y le producen lo suficiente para cubrir sus necesidades; e incluso se 
señala en la jurisprudencia española que la prestación de alimentos puede 
reclamarse aunque el demandante tenga algunos bienes si sus rentas son 
insuficientes y aunque colabore eventualmente en un negocio familiar si no 
prueba que reciba sueldo. 
 
 
En el caso de nuestro país, el legislador concibió la norma contenida en 
el artículo 481 del Código Civil, que expresa: “Los alimentos se regulan por 
el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las 
posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias 
personales de ambos, especialmente a las obligaciones a que se halle 
sujeto el deudor”, dejando así a la casuística la determinación del monto 
de pensión alimenticia. Queda pues en la probanza actuada durante el 
proceso, que se acerque a una idea de cuáles son las posibilidades 
económicas del obligado concordantemente con las necesidades 
acreditadas por el alimentista. Una cita basta a guisa de ejemplo: “al fijarse 
el aumento de la pensión alimenticia se debe tener en cuenta, no sólo las 
posibilidades del obligado, sino las necesidades que éste afronta; así como 
que la accionante no se encuentra imposibilitada de laborar, y de esta 
manera coadyuvar a la satisfacción de sus necesidades”. 
30 
 
 
 
 
1.2.2.4. El recurso de apelación y sus efectos 
 
 
A través del recurso de apelación se materializa el principio procesal de la doble 
instancia, el mismo que se encuentra regulado en el artículo X del título 
preliminar del código procesal civil. 
 
 
Según el artículo 364 del código adjetivo, este recurso tiene por objeto que el 
órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero 
legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea 
anulada o revocada, total o parcialmente. 
 
 
 
En igual sentido, la Corte Suprema en la Casación N° 3518-2002, Lima, señaló 
que “…el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional 
superior examine a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que 
le produzca agravio, con el propósito que sea anulada o revocada total o 
parcialmente”. 
 
 
Asimismo, como prescribe el artículo 382 del código procesal civil, el recurso de 
apelación contiene intrínsecamente el de nulidad, sólo en los casos que los 
vicios estén referidos a la formalidad de la resolución impugnada. 
31 
 
 
Respecto a la legitimidad para interponer este recurso, el artículo 364 del código 
adjetivo establece que puede interponerlo la parte o tercero legitimado, contra 
la resolución que le produzca agravio, con el propósito que sea anulada o 
revocada, total o parcialmente. 
 
 
Asimismo, el artículo 365 del código procesal civil indica que el recurso de 
apelación procede: 
 
 
1. Contra las sentencias, excepto las impugnables con recurso de casación y las 
excluidas por convenio entre las partes; 
2.  Contra los autos, excepto los que se expidan en la tramitación de 
una articulación y los que este Código excluya; y 
3. En los casos expresamente establecidos en este Código. 
 
 
Para su admisibilidad, la apelación se debe interponer dentro del plazo legal ante 
el Juez que expidió la resolución impugnada, acompañando el recibo de la tasa 
judicial respectiva cuando ésta fuera exigible. 
 
 
Para la procedencia de este recurso se debe fundamentar el medio 
impugnatorio, indicando el error de hecho o de derecho incurrido en la resolución 
o el vicio que la afecta, y se debe precisar la naturaleza del agravio que le causa 
la resolución al impugnante, sustentando su pretensión impugnatoria. 
En caso no se cumplan estos requisitos, el recurso será declarado inadmisible 
improcedente. 
32 
 
 
 
 
De otro lado, según lo regulado en el artículo 386 del código procesal civil, el 
recurso de apelación se concede con efecto suspensivo, caso en el cual la 
eficacia de la resolución recurrida queda suspendida hasta que se produzca la 
notificación en primera instancia de lo que haya resuelto el organismo superior 
que conoció el recurso (Art. 386º del código procesal civil). 
 
 
Asimismo, se concede sin efecto suspensivo, caso en el cual la eficacia de la 
resolución impugnada se mantiene, lo que significa que si la resolución contiene 
una mandato ejecutable el mismo se ejecuta o se cumple (Art. 368.2 del código 
procesal civil). El Juez al conceder el recurso, debe precisar el efecto con el que 
se concede y si es diferida deberá señalarlo expresamente. 
 
 
1.2.2.5. Ejecución anticipada y ejecución forzada 
 
 
Respecto a la ejecución anticipada y ejecución forzada de alimentos, ésta se 
encuentra regulada en el artículo 566° del código procesal civil, de la siguiente 
manera: 
 
 
“La pensión de alimentos que fije la sentencia debe pagarse por período 
adelantado y se ejecuta aunque haya apelación. En este caso, se formará 
cuaderno separado. Si la sentencia de vista modifica el monto, se dispondrá 
el pago de éste. 
33 
 
 
Obtenida sentencia firme que ampara la demanda, el Juez ordenará al 
demandado abrir una cuenta de ahorros a favor del demandante en 
cualquier institución del sistema financiero. La cuenta sólo servirá para el 
pago y cobro de la pensión alimenticia ordenada. 
 
 
Cualquier reclamo sobre el incumplimiento del pago será resuelto con el 
informe que, bajo responsabilidad, emitirá la entidad financiera a pedido del 
Juez sobre el movimiento de la cuenta. Asimismo, en reemplazo de informe 
pericial, el Juez podrá solicitar a la entidad financiera que liquide el interés 
legal que haya devengado la deuda (…).” 
 
 
Comentando dicha disposición, Ledesma (2008: 898), comenta: 
 
 
“La pensión de alimentos que fije la sentencia se ejecuta aunque haya 
apelación. Sobre el particular hay que precisar que bajo el contexto de la 
acumulación subjetiva activa de pretensiones, la sentencia que hubiere sido 
impugnada parcialmente, queda firme en el extremo no impugnado por las 
partes. La unidad del proceso, llevaría a que no se ingrese a la ejecución 
por estar pendiente de resolver la impugnación; sin embargo, por mandato 
expreso de la ley, tratándose de pretensiones alimentarias, se permite 
alterar esta unidad del proceso e ingresar a la ejecución por más que el 
proceso esté pendiente de resultado de la apelación propuesta. 
34 
 
 
Hay que precisar que el fallo, en el extremo no cuestionado, tiene la 
condición de firme y la ejecución que se realice en cuaderno separado 
tendrá una connotación totalmente distinta a la sentencia impugnada, pues 
la firmeza del derecho declarado estará sujeta a la confirmación o 
revocación del juez revisor de la apelación”. 
 
 
En otra publicación, a misma autora Ledesma (2016: 123-124), sobre el artículo 
675° del código procesal civil, señala: 
 
 
“La finalidad de los alimentos provisorios apunta a permitir que los 
alimentados puedan afrontar los gastos imprescindibles mientras se 
encuentran tramitando el proceso de alimentos. Esta medida afecta el 
pronunciamiento final en el proceso principal. Afecta la relación sustancial 
al buscar satisfacer de una manera anticipada los alimentos que se 
reclaman, pero siempre a las resultas de la sentencia definitiva, pues 
conforme se aprecia de la última parte del artículo en comentario, el monto 
de la asignación que el obligado ha de pagar por mensualidades 
adelantadas será descontado del que se establezca en la sentencia 
definitiva. La anticipación no admite restitución de lo resuelto hasta el 
momento de la sentencia”. 
 
 
Sobre el citado artículo, también se señala lo siguiente (Gaceta Jurídica 2014: 
63): 
35 
 
 
“El primer párrafo del artículo 566° del código procesal civil establece que 
la pensión de alimentos que fije la sentencia debe pagarse por período 
adelantado y se ejecuta aunque haya apelación. En este caso, se formará 
cuaderno separado. Si la sentencia de vista modifica el monto, se dispondrá 
el pago de este. Aquí se está ante un caso sui generis en materia 
impugnativa, porque la apelación de la sentencia –que normalmente se 
concede con efecto suspensivo- será concedida sin efecto suspensivo 
tratándose de los procesos de alimentos. Si bien dicho precepto legal no lo 
señala expresamente, lo señalado puede deducirse de su lectura. La 
ejecución de la sentencia y el trámite de apelación en cuaderno aparte – a 
que se alude en la indicada norma – implica, pues, la concesión sin efecto 
suspensivo del recurso de apelación. 
 
 
Del texto del resto del artículo 566 del código procesal civil merece 
destacarse lo siguiente: A, si fuera estimada la sentencia en el proceso de 
alimentos y revistiese la calidad de firme, el Juez de la causa ordenará a la 
parte demandada que abra una cuenta de ahorros en alguna entidad del 
sistema financiero, con la finalidad única y exclusiva de concretar el pago y 
cobro –periódico de la pensión alimenticia; y, B, en las localidades donde 
no existan entidades financieras el pago de la pensión alimenticia dispuesta 
en la sentencia (firme) deberá hacerse en efectivo, de lo que se dejará 
constancia en acta que deberá anexarse al expediente del proceso”. 
36 
 
 
 
 
Comentando la ejecución anticipada, Vilela (2014:158), indica: 
 
 
“La ejecución anticipada de la pretensión de reducción de alimentos podría 
ser una necesidad imperante para un determinado sujeto, al que por vía de 
sentencia se le ha impuesto la obligación de asistir a otro sujeto con una 
determinada pensión de alimentos. ¿Es posible ejecutar anticipadamente 
un pedido de tal naturaleza? Es esta una cuestión procesal que en su 
respuesta debe atender a las exigencias de un especial derecho material: 
el derecho alimentario. 
 
 
Recordemos que para el caso del sujeto acreedor de la prestación de 
alimentos existe la asignación anticipada, esta en una medida temporal 
sobre el fondo con la que se anticipa la ejecución de lo que sería el 
pronunciamiento final en un proceso principal. Una medida que tiene por 
finalidad satisfacer anticipadamente la pretensión del proceso principal, 
pero que está condicionada al resultado de la sentencia definitiva. 
 
 
Se trata de una medida de carácter excepcional que responde, 
precisamente, a las exigencias de ese especial derecho material llamado 
¨alimentos¨. Una patente adecuación del instrumento procesal al derecho 
material. Así, la medida no sólo responde a un propósito asegurativo, en 
cuanto se asegura la ejecución de la decisión final, sino que responde al 
principio de necesidad porque se trata de una situación concreta en la que 
37 
 
 
posponer la ejecución de la pretensión significaría una flagrante 
denegación de justicia. 
 
 
Luego, respecto al tema que nos ocupa en el que se plantea si es posible 
la ejecución anticipada de la pretensión de reducción de alimentos, ha de 
ser necesario dilucidar si existen las circunstancias que permitan una 
regulación de esta naturaleza. Habrá que analizar las exigencias de una 
medida temporal sobre el fondo y el derecho que asiste al deudor de la 
prestación alimentaria en relación con el principio del interés superior del 
niño”. 
 
 
Por su parte, Mejía (2015); señala: 
 
 
“Los alimentos son una institución importante del Derecho de Familia que 
consiste en el deber jurídico impuesto por la ley y que está constituida por 
un conjunto de prestaciones de dar, para la satisfacción de necesidades de 
las personas que no pueden proveer a su propia subsistencia, por los 
diferentes motivos que indica la norma sustantiva civil. 
 
 
- Una de las principales característica del derecho alimentario, es que se 
trata de un derecho personalísimo, en el sentido que, está dirigido a 
garantizar la subsistencia del titular, por lo que no puede desprenderse de 
él y lo acompaña indisolublemente en tanto subsista el estado de necesidad 
38 
 
 
en que se sustenta. El derecho alimentario, por tanto, no puede ser objeto 
de transferencia inter-vivos ni de trasmisión mortis-causa. 
- Existen vacíos normativos e incluso diferentes criterios o discrepancias 
entre los señores magistrados al momento de otorgar una pensión 
alimenticia o en contrario sensu de exonerar de una pensión al obligado 
alimentante, respecto al correcto significado de cursar estudios superiores 
“con éxito”. 
 
 
- Las medidas temporales sobre el fondo lo que hacen es anticipar en parte 
o totalmente lo que se va a decidir en la sentencia, es por ello que se 
denominan anticipatorias en la Doctrina. Para lo cual se requiere un alto 
grado de verosimilitud del derecho invocado, aunque nuestro Código 
menciona una “necesidad impostergable del que la pide o por la firmeza del 
fundamentado de la demanda y prueba aportada”. 
 
 
- Si bien se entiende que el espíritu del artículo 675 del Código Procesal 
Civil modificado, en el año 2011; ha sido favorecer anticipadamente con 
una pensión alimenticia a los hijos mayores de edad, también lo es que 
para estos casos en particular, se requiere conforme el mismo artículo 
modificado lo indica que para su concesión, se cumplan con los 
presupuestos contenidos en los artículos 424º, 473º y 483º del Código Civil, 
antes señalados. 
- Finalmente, para la concesión de una asignación anticipada de alimentos 
en caso de los hijos mayores de edad, se debe tener mucho cuidado con 
39 
 
 
las pruebas que presente el solicitante de la misma, debiendo ser una 
obligación por parte del juzgador comprobar los hechos alegados por el 
alimentista y que sean suficientes para formar convicción respecto a su 
situación o estado de necesidad; y así evitar perjuicios irreparables 
respecto de la parte demandada, quien se encuentra indefensa en dicha 
clase de medidas cautelares respecto a demostrar que los hechos que 
alega el solicitante no corresponden a la verdad. Considerando finalmente 
que no debió modificarse el artículo en comento, en dicho extremo, sino 
que debió quedar conforme a la redacción original del mismo, a la par que 
existen otras medidas cautelares que también puede solicitar el alimentista 
a su favor”. 
 
 
1.3. Objetivos e hipótesis 
 
 
1.3.1 Objetivos 
 
 
1.3.1.1. Objetivo General 
 
 
Analizar la importancia de la ejecución de la pensión de alimentos, así se haya 
apelado la sentencia que la otorga. 
 
 
1.3.1.2. Objetivo Especifico 
 
 
Determinar la importancia del derecho de alimentos. 
40 
 
 
 
 
1.3.2 Hipótesis 
 
 
1.3.2.1. Hipótesis general 
 
 
La importancia de la ejecución anticipada de alimentos, consiste en su naturaleza 
de derecho fundamental, protegido por normas internacionales y nacionales, el 
cual no puede ser suspendido, así se haya apelado la sentencia que lo otorga 
 
 
1.3.2.2. Hipótesis específica 
 
 
El derecho de alimentos es un derecho fundamental para el menor, ya que a 
través de él puede subsistir así como puede desarrollarse de manera normal. 
41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. MÉTODO 
 
 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
 
2.1.1 Tipo de investigación 
 
 
La presente investigación será de naturaleza cualitativa, puesto que nos 
enfocaremos a comprender y profundiza los fenómenos que se dan en la 
situación problemática, explorándolos desde la perspectiva de los casos en 
concreto y en relación al contexto. 
 
 
Respecto al método será de tipo dogmático e inductivo, pues recurriremos a 
la doctrina y realizaremos operaciones lógicas que nos permiten ir de lo 
particular a lo general, de los hechos a las conclusiones universales 
 
 
2.1.2 Diseño de investigación 
42 
 
 
La investigación contiene un diseño No Experimental se define como la 
investigación que se realizará sin manipular deliberadamente variables. 
 
 
2.2. Variables 
 
 
Variable independiente: La ejecución anticipada de alimentos. 
 
 
Variable dependiente: Aseguramiento de los alimentos en el proceso civil. 
 
 
2.3 Población, muestrea y muestreo 
 
 
Población 
 
 
El universo está constituida por los casos en que se ha observado la 
inconstitucionalidad de las limitaciones impuestas al padre por falta de pago 
de pensiones alimenticias. 
 
 
Sujetos de investigación. Muestra: criterios de selección 
 
 
En esta investigación al ser descriptiva y básica, se tendrá como sujetos de 
investigación a las familias en que se aplicó la ley 29269. 
43 
 
 
La muestra está constituida por los documentos emitidos por instituciones 
especializadas, referentes a la aplicación de la Ley N° 29269 sobre tenencia 
compartida. 
 
 
Unidades de Muestreo 
 
 
Revisión Documental: se utilizará para obtener datos de las normas, libros, 
manuales, etc. 
 
 
Revisión de resoluciones emitidas: se aplicará para obtener datos de parte 
de las resoluciones en temas de régimen de visitas relacionada al 
cumplimiento de alimentos. 
 
 
2.4. Instrumentos para la recolección de datos 
 
 
Ficha bibliográfica: es un instrumento utilizado para recopilar datos de libros, 
trabos de investigación, relacionados con las variables del estudio. 
 
 
2.5. Técnicas para el procesamiento de datos 
 
 
El procesamiento de información, en primer lugar será de carácter exploratoria 
a efectos de familiarizarse con la temática y profundizar la lectura y el análisis, 
enseguida será una actividad mucho más sistematizada orientada a recojo de 
datos, en todo ello dirigido por los objetivos trazados en el proyecto de 
44 
 
 
investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. RESULTADOS 
 
 
3.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
3.1.1 DERECHO DE ALIMENTOS 
 
 
 
 
 
 
FUNDAMENTOS DEL DERECHO ALIMENTARIO 
 
 
Somarriva (1983: 614) 
 
 
“El derecho que tiene una persona a exigir alimentos 
de otra, con la cual generalmente se encuentra 
ligada por el parentesco o por el vínculo matrimonial, 
tiene un sólido fundamento en la equidad, en el 
45 
 
 
 
 Derecho Natural. De ahí que el legislador al 
establecerlo en la ley no hace sino reconocer un 
derecho más fuerte que ella misma, y darle mayor 
importancia y relieve”. 
 
 
Zannoni (1998: 113) 
 
 
“El vínculo del parentesco es el que establece una 
verdadera relación alimentaria, que se traduce en un 
vínculo obligacional de origen legal, que exige 
recíprocamente de los parientes una prestación que 
asegure la subsistencia del pariente necesitado. Esta 
relación, de naturaleza netamente asistencial, 
trasunta principios de solidaridad familiar ante las 
contingencias que pueden poner en peligro la 
subsistencia física de uno de sus miembros y que le 
impide, circunstancial o permanentemente, 
procurarse los medios necesarios para asegurar 
esa subsistencia”. 
 
 
 
Somarriva (1983: 622) 
 
 
“El derecho de alimentos tiene el carácter de 
personalísimo, porque está establecido en 
consideración a la persona del alimentista. Es 
además, un derecho incomerciable, ya que no es 
negociable el derecho de alimentos como tal, siendo 
46 
 
 
 
 distinto el caso del monto a fijarse como pensión de 
alimentos, así en cuanto a la forma en que se va a 
cumplir con el derecho alimentario, es posible que la 
prestación pueda consistir en una suma líquida en 
dinero o en especie. De estas consideraciones se 
derivan como consecuencias importantes: que el 
derecho de alimentos es intransferible tanto por acto 
entre vivos como por causa de muerte; el derecho de 
alimentos es irrenunciable dado que como derecho 
le está conferido a la persona del beneficiario, quien 
siempre que se encuentre en estado de necesidad 
podrá pedírselos a los obligados frente a él; es un 
derecho imprescriptible, esto significa que el 
alimentista podrá pedir alimentos en cualquier 
momento de su vida, claro, siempre y cuando 
concurran los requisitos establecidos por la ley para 
solicitarlos; y finalmente, es un derecho 
inembargable, estando a la naturaleza del derecho 
que tiene como finalidad proporcionar lo que sea 
necesario para la subsistencia de la persona”. 
 
 
Ledesma (2003) 
 
“Una de las características que se pueden asignar al 
derecho alimentario es la referida al orden público. 
47 
 
 
 
 Ello resulta no solo del fundamento de la solidaridad 
familiar, pues en materia alimentaria, no solo los 
parientes y cónyuges se hallan interesados, sino 
toda la comunidad social; de ahí las prohibiciones de 
ceder, renunciar, vender, embargar, compensar, 
transar la prestación alimentaria. Tales prohibiciones 
encuentran su sustento en el orden público, por 
tanto, podemos decir que el derecho alimentario se 
tutela en razón de un interés social y de un interés 
familiar”. 
 
 
Bustamante Oyague 
 
 
“La regulación general del derecho alimentario está 
(2003) contenida en el artículo 472 del Código Civil, señala 
 
esta norma el contenido de los aspectos que 
 
comprende el derecho alimentario, entendiéndose 
 
que, alimentos es lo indispensable para el sustento, 
 
habitación, vestido y asistencia médica, según la 
 
situación y posibilidades de la familia. Cuando el 
 
alimentista es menor de edad, los alimentos 
 
comprenderán también su educación, instrucción y 
 
capacitación para el trabajo. 
48 
 
 
 
  
 
En cuanto a la obligación de dar alimentos al menor 
de edad, debe indicarse que la obligación alimentaria 
de padres a hijos se sustenta en la patria potestad. 
En nuestro ordenamiento, de acuerdo al inciso 1 del 
artículo 423 del Código Civil se enuncia que forma 
parte de los deberes y derechos que genera la patria 
potestad, el proveer el sostenimiento y educación de 
los hijos. Siendo el derecho alimentario expresión de 
la obligación de sostenimiento de los hijos”. 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2. MONTO DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS 
 
 
 
 
 
 
MONTO DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS 
 
 
Bustamante Oyague 
(2002) 
 
 
“En el caso de nuestro país, el legislador concibió la 
norma contenida en el artículo 481 del Código Civil, 
que expresa: “Los alimentos se regulan por el juez 
en proporción a las necesidades de quien los pide y 
a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo 
49 
 
 
 
 además a las circunstancias personales de ambos, 
especialmente a las obligaciones a que se halle 
sujeto el deudor”, dejando así a la casuística la 
determinación del monto de pensión alimenticia. 
Queda pues en la probanza actuada durante el 
proceso, que se acerque a una idea de cuáles son 
las posibilidades económicas del obligado 
concordantemente con las necesidades acreditadas 
por el alimentista. Una cita basta a guisa de ejemplo: 
“al fijarse el aumento de la pensión alimenticia se 
debe tener en cuenta, no sólo las posibilidades del 
obligado, sino las necesidades que éste afronta; así 
como que la accionante no se encuentra 
imposibilitada de laborar, y de esta manera 
coadyuvar a la satisfacción de sus necesidades”. 
 
 
Mosquera (2007) 
 
 
“De acuerdo al artículo 482 del Código Civil, la 
pensión alimenticia se incrementa o reduce según el 
aumento o la disminución que experimenten las 
necesidades del alimentista y las posibilidades del 
que debe prestarlas. En este sentido, la Corte 
Suprema en la Casación Nº 1371-96-Huánuco ha 
concluido en que “Debido a la naturaleza del derecho 
alimentario,   este   se   encuentra   sujeto   a   las 
50 
 
 
 
 variaciones que podrían ocurrir en el tiempo respecto 
al estado de necesidad de los beneficios o a las 
posibilidades del obligado, por ello la ley autoriza a 
solicitar la modificación o la exoneración de la 
pensión alimenticia”. 
 
 
El caso bajo comentario está referido a un proceso 
de reducción de alimentos, de cuya resolución 
emitida a nivel de la Corte Suprema se advierten dos 
temas que son materia de interés: a) Valoración de 
las pruebas presentadas en un proceso; b) 
Independencia judicial”. 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.3. EJECUCIÓN ANTICIPADA DE ALIMENTOS 
 
 
 
 
 
 
EJECUCIÓN ANTICIPADA DE ALIMENTOS 
  
“La pensión de alimentos que fije la sentencia se ejecuta 
aunque haya apelación. Sobre el particular hay que 
51 
 
 
 
Ledesma (2008: 
 
898) 
precisar que bajo el contexto de la acumulación subjetiva 
activa de pretensiones, la sentencia que hubiere sido 
impugnada parcialmente, queda firme en el extremo no 
impugnado por las partes. La unidad del proceso, llevaría 
a que no se ingrese a la ejecución por estar pendiente 
de resolver la impugnación; sin embargo, por mandato 
expreso de la ley, tratándose de pretensiones 
alimentarias, se permite alterar esta unidad del proceso 
e ingresar a la ejecución por más que el proceso esté 
pendiente de resultado de la apelación propuesta. 
 
 
Hay que precisar que el fallo, en el extremo no 
cuestionado, tiene la condición de firme y la ejecución 
que se realice en cuaderno separado tendrá una 
connotación totalmente distinta a la sentencia 
impugnada, pues la firmeza del derecho declarado 
estará sujeta a la confirmación o revocación del juez 
revisor de la apelación”. 
Ledesma (2016: 
 
123-124), 
 
 
“La finalidad de los alimentos provisorios apunta a 
permitir que los alimentados puedan afrontar los gastos 
imprescindibles mientras se encuentran tramitando el 
proceso    de    alimentos.    Esta    medida    afecta    el 
52 
 
 
 
 pronunciamiento final en el proceso principal. Afecta la 
relación sustancial al buscar satisfacer de una manera 
anticipada los alimentos que se reclaman, pero siempre 
a las resultas de la sentencia definitiva, pues conforme 
se aprecia de la última parte del artículo en comentario, 
el monto de la asignación que el obligado ha de pagar 
por mensualidades adelantadas será descontado del 
que se establezca en la sentencia definitiva. La 
anticipación no admite restitución de lo resuelto hasta el 
momento de la sentencia”. 
(Gaceta Jurídica  
2014: 63): “El primer párrafo del artículo 566° del código procesal 
 
civil establece que la pensión de alimentos que fije la 
 
sentencia debe pagarse por período adelantado y se 
 
ejecuta aunque haya apelación. En este caso, se 
 
formará cuaderno separado. Si la sentencia de vista 
 
modifica el monto, se dispondrá el pago de este. Aquí se 
 
está ante un caso sui generis en materia impugnativa, 
 
porque la apelación de la sentencia –que normalmente 
 
se concede con efecto suspensivo- será concedida sin 
 
efecto suspensivo tratándose de los procesos de 
 
alimentos. Si bien dicho precepto legal no lo señala 
 
expresamente, lo señalado puede deducirse de su 
53 
 
 
 
 lectura. La ejecución de la sentencia y el trámite de 
apelación en cuaderno aparte – a que se alude en la 
indicada norma – implica, pues, la concesión sin efecto 
suspensivo del recurso de apelación. 
 
 
Del texto del resto del artículo 566 del código procesal 
civil merece destacarse lo siguiente: A, si fuera estimada 
la sentencia en el proceso de alimentos y revistiese la 
calidad de firme, el Juez de la causa ordenará a la parte 
demandada que abra una cuenta de ahorros en alguna 
entidad del sistema financiero, con la finalidad única y 
exclusiva de concretar el pago y cobro –periódico de la 
pensión alimenticia; y, B, en las localidades donde no 
existan entidades financieras el pago de la pensión 
alimenticia dispuesta en la sentencia (firme) deberá 
hacerse en efectivo, de lo que se dejará constancia en 
acta que deberá anexarse al expediente del proceso”. 
 
 
 
 
 
 
 
Vilela (2014:158), 
 
 
“La ejecución anticipada de la pretensión de reducción 
de alimentos podría ser una necesidad imperante para 
un determinado sujeto, al que por vía de sentencia se le 
ha impuesto la obligación de asistir a otro sujeto con una 
determinada pensión de alimentos. ¿Es posible ejecutar 
54 
 
 
 
 anticipadamente un pedido de tal naturaleza? Es esta 
una cuestión procesal que en su respuesta debe atender 
a las exigencias de un especial derecho material: el 
derecho alimentario. 
 
 
Recordemos que para el caso del sujeto acreedor de la 
prestación de alimentos existe la asignación anticipada, 
esta en una medida temporal sobre el fondo con la que 
se anticipa la ejecución de lo que sería el 
pronunciamiento final en un proceso principal. Una 
medida que tiene por finalidad satisfacer 
anticipadamente la pretensión del proceso principal, 
pero que está condicionada al resultado de la sentencia 
definitiva. 
 
 
Se trata de una medida de carácter excepcional que 
responde, precisamente, a las exigencias de ese 
especial derecho material llamado ¨alimentos¨. Una 
patente adecuación del instrumento procesal al derecho 
material. Así, la medida no sólo responde a un propósito 
asegurativo, en cuanto se asegura la ejecución de la 
decisión final, sino que   responde al principio   de 
necesidad porque se trata de una situación concreta en 
55 
 
 
 
 la que posponer la ejecución de la pretensión significaría 
una flagrante denegación de justicia. 
 
 
Luego, respecto al tema que nos ocupa en el que se 
plantea si es posible la ejecución anticipada de la 
pretensión de reducción de alimentos, ha de ser 
necesario dilucidar si existen las circunstancias que 
permitan una regulación de esta naturaleza. Habrá que 
analizar las exigencias de una medida temporal sobre el 
fondo y el derecho que asiste al deudor de la prestación 
alimentaria en relación con el principio del interés 
superior del niño”. 
 
 
 
 
 
 
 
Mejía (2015); 
 
 
“Los alimentos son una institución importante del 
Derecho de Familia que consiste en el deber jurídico 
impuesto por la ley y que está constituida por un conjunto 
de prestaciones de dar, para la satisfacción de 
necesidades de las personas que no pueden proveer a 
su propia subsistencia, por los diferentes motivos que 
indica la norma sustantiva civil. 
 
- Una de las principales característica del derecho 
alimentario, es que se trata de un derecho 
personalísimo, en el sentido que, está dirigido a 
56 
 
 
 
 garantizar la subsistencia del titular, por lo que no puede 
desprenderse de él y lo acompaña indisolublemente en 
tanto subsista el estado de necesidad en que se 
sustenta. El derecho alimentario, por tanto, no puede ser 
objeto de transferencia inter-vivos ni de trasmisión 
mortis-causa. 
- Existen vacíos normativos e incluso diferentes criterios 
o discrepancias entre los señores magistrados al 
momento de otorgar una pensión alimenticia o en 
contrario sensu de exonerar de una pensión al obligado 
alimentante, respecto al correcto significado de cursar 
estudios superiores “con éxito”. 
 
 
- Las medidas temporales sobre el fondo lo que hacen 
es anticipar en parte o totalmente lo que se va a decidir 
en la sentencia, es por ello que se denominan 
anticipatorias en la Doctrina. Para lo cual se requiere un 
alto grado de verosimilitud del derecho invocado, aunque 
nuestro Código menciona una “necesidad impostergable 
del que la pide o por la firmeza del fundamentado de la 
demanda y prueba aportada”. 
 
- Si bien se entiende que el espíritu del artículo 675 del 
Código Procesal Civil modificado, en el año 2011; ha 
57 
 
 
 
 sido favorecer anticipadamente con una pensión 
alimenticia a los hijos mayores de edad, también lo es 
que para estos casos en particular, se requiere conforme 
el mismo artículo modificado lo indica que para su 
concesión, se cumplan con los presupuestos contenidos 
en los artículos 424º, 473º y 483º del Código Civil, antes 
señalados. 
- Finalmente, para la concesión de una asignación 
anticipada de alimentos en caso de los hijos mayores de 
edad, se debe tener mucho cuidado con las pruebas que 
presente el solicitante de la misma, debiendo ser una 
obligación por parte del juzgador comprobar los hechos 
alegados por el alimentista y que sean suficientes para 
formar convicción respecto a su situación o estado de 
necesidad; y así evitar perjuicios irreparables respecto 
de la parte demandada, quien se encuentra indefensa en 
dicha clase de medidas cautelares respecto a demostrar 
que los hechos que alega el solicitante no corresponden 
a la verdad. Considerando finalmente que no debió 
modificarse el artículo en comento, en dicho extremo, 
sino que debió quedar conforme a la redacción original 
del mismo, a la par que existen otras medidas cautelares 
que también puede solicitar el alimentista a su favor”. 
58 
 
 
3.2. DISCUSIÓN 
 
 
Luego de haber presentado los resultados en el capítulo anterior, procederemos 
a discutirlos según el objetivo general que nos habíamos planteado, que es el de 
describir los fundamentos que sustentan la importancia de la ejecución de 
pensión de alimentos, así se haya apelado la sentencia que lo otorga. Asimismo, 
comentaremos la importancia del derecho de alimentos así para el menor y su 
especial deber de protección. 
 
 
Ahora bien, debemos señalar que tanto en la normativa nacional e internacional, 
se aprecia la especial importancia que se le da a la protección del menor, por 
ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos del Niño de 1959, se 
establece que el niño goza de una protección especial y dispondrá de todos ello 
por ley y otros medios, para que pueda desarrollarse física, moral, espiritual y 
socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y 
dignidad. 
 
 
Como se aprecia, se pone énfasis en su desarrollo físico, moral y espiritual. En 
el mismo sentido, la Declaración de Ginebra menciona que el niño debe ser 
colocado en condiciones de desarrollarse normalmente desde una manera 
formal, física y espiritualmente. 
 
 
En Perú, el Tribunal Constitucional, sobre dicho interés superior, ha señalado 
que: “el principio constitucional de protección del interés superior del niño, niña 
59 
 
 
y adolescente constituye un contenido constitucional implícito del artículo 4° de 
la norma fundamental en cuanto establece que “la comunidad y el Estado 
protegen especialmente al niño, al adolescente” (Expediente N° 02132-2008- 
AA/TC), 
 
 
Por su parte, la Corte Suprema en la Casación N° 1006-2007-LIMA, ha referido 
que: “El interés superior del niño y del adolescente y el respeto a sus derechos 
debe primar en toda medida y accionar del Estado a través de sus Poderes 
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial), Ministerio Público, los Gobiernos Regionales y 
Locales, y demás instituciones públicas y privadas, conforme prevé el artículo IX 
del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes. Esto significa, que 
debe priorizarse siempre el bienestar, salud y desarrollo integral de los menores. 
Esto como consecuencia de su corta edad y estado de indefensión al que se 
encuentran expuestos”. 
 
 
El interés superior del niño puede ser definido como “el conjunto de 
circunstancias que establecen las adecuadas condiciones de vida del niño y que, 
en casos concretos, permiten determinar la mejor opción para la debida 
protección de sus derechos fundamentales, preservando su personalidad, de 
prevalencia de o espiritual sobre lo material (una vez asegurados ciertos 
mínimos) y de lo futuro sobre lo inmediato (sin descuidar un mínimo de equilibrio 
afectivo), atendiendo en lo posible sus gustos, sentimientos y preferencias, etc., 
que también influyen en los medios elegible (Mosquera 2013). 
60 
 
 
En el mismo sentido, también se ha dicho que “Que, dentro del orden de 
prelaciones y jerarquías existente al interior de una Constitución, es 
decididamente un hecho incontrovertible, que mayor importancia reviste para un 
Estado y su colectividad, el proteger a la infancia y más aún, si se encuentra en 
situación de abandono, que promover la seguridad como valor aislado, pues 
independientemente de que tal dispositivo reposa directamente sus fundamentos 
en el artículo 1° de la Norma Fundamental y es, por consiguiente, rigurosamente 
tributario del principio “Dignidad de la Persona”, a la larga, del cumplimiento de 
un dispositivo, depende, en los hechos, la eficacia y vigencia del otro. No es 
posible, que un Estado proclame la Seguridad Ciudadana como valor preciado 
de hoy cuando alimenta las condiciones de su propia alteración a futuro. Si una 
colectividad permite, de espaldas a su propia realidad, que la desprotección a la 
niñez se solvente con actitudes de indiferencia crónica, lo único que engendra 
son las condiciones, para que la seguridad que hoy proclama como bandera, no 
vaya más allá de su propia existencia, como si el futuro de sus descendientes, 
paradójicamente la seguridad de ellos, no le interesara en lo absoluto” (Exp. N° 
2132-2008-PA/TC)”. 
 
 
En ese sentido, debemos precisar que el derecho de alimentos se considera 
como un derecho fundamental del ser humano, está garantizado por valores 
como son la unidad, la solidaridad y la asistencia. Estos valores en mención se 
encuentran ínsitos en las relaciones conformadas por las personas y debido a 
las posibilidades de estrechar los vínculos formulados a través de la 
interactuación intersubjetiva. Los alimentos en el ámbito civilístico se traducen, 
61 
 
 
a la vez, como un derecho y una obligación. Como un derecho de quien debe 
percibirlos por carecer de posibilidades para subsistir y como una obligación del 
deudor alimentario, el cual está sujeto por ley a ejecutar una prestación. En este 
último sentido cobra vigencia la expresión de prestación alimentaria (Simon 
2017:13). 
 
 
Los órganos jurisdiccionales, sobre su concepto, han señalado que 
“Jurídicamente por ley debe entenderse la prestación en dinero o en especie que 
una persona, en determinadas circunstancias (indigente, incapaz, entre otros), 
puede reclamar de otras, entre las señaladas por ley, para su mantenimiento y 
subsistencia; es, pues, todo aquello que, por ministerio de la ley o resolución 
judicial, una persona tiene derecho a exigir de otra para vivir. En general, los 
alimentos se encuentran constituidos por comida, vestido, habitación, como 
asistencia en caso de enfermedad. Respecto de los menores, incluyen además, 
educación básica y aprendizaje de un oficio, arte o profesión” (Exp. 00049-2009, 
Juzgado de Paz Letrado de Canta). 
Este derecho de alimentos, tiene algunas características, que son explicadas por 
Somarriva, (1983: 622); indica las siguientes: 
 
 
“El derecho de alimentos tiene el carácter de personalísimo, porque está 
establecido en consideración a la persona del alimentista. Es además, un 
derecho incomerciable, ya que no es negociable el derecho de alimentos 
como tal, siendo distinto el caso del monto a fijarse como pensión de 
alimentos, así en cuanto a la forma en que se va a cumplir con el derecho 
62 
 
 
alimentario, es posible que la prestación pueda consistir en una suma 
líquida en dinero o en especie. De estas consideraciones se derivan como 
consecuencias importantes: que el derecho de alimentos es intransferible 
tanto por acto entre vivos como por causa de muerte; el derecho de 
alimentos es irrenunciable dado que como derecho le está conferido a la 
persona del beneficiario, quien siempre que se encuentre en estado de 
necesidad podrá pedírselos a los obligados frente a él; es un derecho 
imprescriptible, esto significa que el alimentista podrá pedir alimentos en 
cualquier momento de su vida, claro, siempre y cuando concurran los 
requisitos establecidos por la ley para solicitarlos; y finalmente, es un 
derecho inembargable, estando a la naturaleza del derecho que tiene como 
finalidad proporcionar lo que sea necesario para la subsistencia de la 
persona”. 
 
 
Por tanto, podemos señalar que el derecho de alimentos es un derecho 
fundamental para el menor, ya que a través de él puede subsistir así como puede 
desarrollarse de manera normal. 
 
 
Ahora bien, sobre los fundamentos que sustentan la importancia de la ejecución 
de pensión de alimentos, así se haya apelado la sentencia que lo otorga. 
Asimismo, comentaremos la importancia del derecho de alimentos así para el 
menor y su especial deber de protección, hemos encontrado sustentos para su 
emisión. 
63 
 
 
Cabe precisar que el código procesal civil en el artículo 506 señala que “La 
pensión de alimentos que fije la sentencia debe pagarse por período adelantado 
y se ejecuta aunque haya apelación. En este caso, se formará cuaderno 
separado. Si la sentencia de vista modifica el monto, se dispondrá el pago de 
éste” (el subrayado es nuestro). 
 
 
Del citado artículo, se aprecia que “a si fuera estimada la sentencia en el proceso 
de alimentos y revistiese la calidad de firme, el Juez de la causa ordenará a la 
parte demandada que abra una cuenta de ahorros en alguna entidad del sistema 
financiero, con la finalidad única y exclusiva de concretar el pago y cobro – 
periódico de la pensión alimenticia; y, B, en las localidades donde no existan 
entidades financieras el pago de la pensión alimenticia dispuesta en la sentencia 
(firme) deberá hacerse en efectivo, de lo que se dejará constancia en acta que 
deberá anexarse al expediente del proceso” (Gaceta Jurídica 2014: 63). 
 
 
Como señala, Ledesma (2008: 898), “La pensión de alimentos que fije la 
sentencia se ejecuta aunque haya apelación. Sobre el particular hay que precisar 
que bajo el contexto de la acumulación subjetiva activa de pretensiones, la 
sentencia que hubiere sido impugnada parcialmente, queda firme en el extremo 
no impugnado por las partes. (…) Hay que precisar que el fallo, en el extremo no 
cuestionado, tiene la condición de firme y la ejecución que se realice en cuaderno 
separado tendrá una connotación totalmente distinta a la sentencia impugnada, 
pues la firmeza del derecho declarado estará sujeta a la confirmación o 
revocación del juez revisor de la apelación”. 
64 
 
 
 
 
Esta medida de carácter excepcional, se sustenta, como señala Vilela 
(2014:158), en “las exigencias de ese especial derecho material llamado 
¨alimentos¨. Una patente adecuación del instrumento procesal al derecho 
material. Así, la medida no sólo responde a un propósito asegurativo, en cuanto 
se asegura la ejecución de la decisión final, sino que responde al principio de 
necesidad porque se trata de una situación concreta en la que posponer la 
ejecución de la pretensión significaría una flagrante denegación de justicia”. 
 
 
Por su parte, Mejía (2015); señala respecto de estas medidas temporales sobre 
el fondo, que su fin es “anticipar en parte o totalmente lo que se va a decidir en 
la sentencia, es por ello que se denominan anticipatorias en la Doctrina. Para lo 
cual se requiere un alto grado de verosimilitud del derecho invocado, aunque 
nuestro Código menciona una “necesidad impostergable del que la pide o por 
la firmeza del fundamentado de la demanda y prueba aportada”. 
 
 
De todo lo expuesto, se aprecia que todos los autores citados, concuerdan con 
la norma establecida en el artículo 506 del código civil, en cuanto señala que la 
pensión de alimentos que fije la sentencia debe pagarse por período adelantado, 
y esta debe ejecutar aunque haya apelación. 
 
 
Como mencionamos al presentar este trabajo, es un caso excepcional en materia 
impugnativa, puesto que a pesar que se ha apelado la sentencia (la que debería 
suspender el pago de alimentos), este derecho se tiene que seguir otorgando al 
65 
 
 
menor, en atención a que al constituir un derecho fundamental, protegido por 
normas internacionales y nacionales, no puede ser suspendida de ninguna 
manera, así se haya apelado la sentencia que lo otorga. 
 
 
Finalmente, dada la especial característica de este tipo de proceso de alimentos, 
se han establecido reglas especiales a favor de sus beneficiarios, como son las 
siguientes: 
 
 
a) En el artículo 424 del código establece que en los procesos de alimentos 
no es exigible la firma del demandante o de su representante o de su 
apoderado, y la del abogado. 
b) Respecto a la competencia, el Juez de Paz Letrado es el competente para 
conocer la demanda en los procesos de fijación, aumento, reducción, 
extinción o prorrateo de alimentos, sin perjuicio de la cuantía de la 
pensión, la edad o la prueba sobre el vínculo familiar, salvo que la 
pretensión alimentaria se proponga accesoriamente a otras pretensiones. 
c) En el proceso se pueden promover tachas, excepciones o defensas 
previas que serán absueltas por el demandante, no se admite la 
reconvención. 
d) Asimismo, con la ley N° 30179, publicada el 06 de abril de 2014 en el 
diario El Peruano, se adicionó el inciso 5) al artículo 2001 del código civil 
y se estableció que prescribe a los quince años, la acción que proviene 
de pensión alimenticia. 
66 
 
 
e) La sentencia de alimentos no tiene calidad de cosa juzgada material, pues 
permite a las partes demandar el aumento o disminución de la cuota 
fijada, en caso de modificarse las circunstancias tenidas en cuenta al 
momento de declarar el amparo de la pretensión o aportar nuevos 
elementos de juicio en caso se hubiere desestimado la pretensión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
1. El derecho de alimentos es un derecho fundamental para el menor, ya que a 
través de él puede subsistir así como puede desarrollarse de manera normal. 
 
 
2. El artículo 566° del código procesal civil, señala que “la pensión de alimentos 
que fije la sentencia debe pagarse por período adelantado y se ejecuta aunque 
haya apelación 
 
 
3. La ejecución anticipada de alimentos, es un supuesto en materia impugnativa, 
puesto que a pesar que se ha apelado la sentencia (la que debería suspender 
el pago de alimentos), este derecho se tiene que seguir otorgando al menor, 
en atención a que al constituir un derecho fundamental, protegido por normas 
67 
 
 
internacionales y nacionales, no puede ser suspendida de ninguna manera, 
así se haya apelado la sentencia que lo otorga. 
 
 
3.4. Recomendaciones 
 
 
1. A fin que los menores no sean vulnerados en sus derechos alimentarios, se 
debe publicitar a los justiciables, que en este tipo de procesos, así se apele la 
sentencia que otorga alimentos, la parte obligada tiene que seguir 
brindándolos. 
 
 
2. Se recomienda que los órganos jurisdiccionales en procesos relativos a 
derecho de alimentos, tengan especial cuidado al momento de resolverlos, a 
fin de no vulnerar derechos de los menores. 
 
 
3. El Estado debe velar por el cumplimiento de normas que protejan al menor, 
ello a fin de respetar los tratados internacionales suscritos por el Perú, como 
son los relativos al derecho alimentario. 
68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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ANEXO Nº 1 – MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 
 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS MÉTODO INDICADORES 
72 
 
 
 
 
GENERAL 
¿Cuál es la 
importancia de 
la ejecución de 
la pensión de 
alimentos, así se 
haya apelado la 
sentencia que la 
otorga? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPECÍFICO 
¿Cuál es la 
importancia del 
derecho de 
alimentos? 
 
GENERAL 
Analizar la 
importancia 
de la 
ejecución de 
la pensión de 
alimentos, así 
se haya 
apelado la 
sentencia que 
la otorga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPECÍFICO 
Determinar la 
importancia 
del derecho 
de alimentos. 
 
GENERAL 
La importancia de 
la ejecución 
anticipada de 
alimentos, 
consiste en su 
naturaleza de 
derecho 
fundamental, 
protegido por 
normas 
internacionales y 
nacionales, el 
cual no puede ser 
suspendido, así 
se haya apelado 
la sentencia que 
lo otorga 
 
 
ESPECÍFICO 
El  derecho de 
alimentos es un 
derecho 
fundamental para 
el menor, ya que 
a través de  él 
puede subsistir 
así como puede 
desarrollarse de 
manera normal. 
 
 
 
 
Descriptivo – 
básico 
 
 
Dogmático 
Inductivo 
 
 
 
 
Análisis de 
doctrina 
especializada. 
 
Análisis de 
fuente 
documental.