Colchado Ruiz, Emilio MartinBerna Sánchez, Yanira MayraSullcahuaman Montesinos, Rosa Angela2026-03-272026-03-272026-02-10https://hdl.handle.net/20.500.13053/15834El presente artículo examina la implementación del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en el Perú, destacando la discrepancia entre el reconocimiento normativo y su aplicación efectiva. A pesar de que el Estado peruano ha ratificado el Convenio 169 de la OIT y promulgado la Ley N.º 29785, persisten limitaciones estructurales, políticas e institucionales que obstaculizan la participación real de las comunidades indígenas en decisiones que afectan sus territorios y derechos colectivos. El objetivo central del estudio es identificar las principales barreras que impiden la realización adecuada de la consulta previa, así como analizar las consecuencias de su omisión en la autonomía y gobernanza territorial indígena. La metodología utilizada es de tipo cualitativo y documental, basada en el análisis de normas nacionales e internacionales, jurisprudencia relevante y literatura especializada. Los resultados evidencian que la consulta previa se aplica de manera superficial, simbólica o extemporánea, y en algunos casos es reemplazada por mecanismos administrativos que desvirtúan su propósito. Entre las barreras más relevantes se pueden identificar a la corrupción, a la falta de voluntad política, a la debilidad institucional y a la escasa representación indígena que existe en los espacios de decisión. En conclusión, el estudio plantea la necesidad urgente de una reforma normativa e institucional que garantice una consulta previa efectiva, en consonancia con los principios de interculturalidad, justicia social y gobernabilidad democrática. Este trabajo busca contribuir a una reflexión crítica sobre el rol del Estado en la garantía de los derechos colectivos y en la protección del territorio ancestral indígena.This article analyzes the implementation of the right to prior consultation of indigenous peoples in Peru, emphasizing the gap between its legal recognition and its actual implementation. Although the Peruvian State ratified ILO Convention 169 and approved Law No. 29785, there are still structural, political and institutional obstacles that limit the effective participation of indigenous communities in decisions that affect their territories and collective rights. The main purpose of the research is to identify the most significant barriers that hinder the proper application of this right and to examine the repercussions of their non-compliance on the autonomy and territorial management of indigenous peoples. The research adopts a qualitative and documentary approach, based on the study of national and international standards, relevant judicial rulings and contributions of specialized doctrine. The findings show that prior consultation, in many cases, is carried out in a limited, formalistic or late manner, and is even replaced by administrative procedures that distort its purpose. Among the main factors that hinder its implementation are corruption, lack of political will, institutional fragility and low indigenous representation in decision-making bodies. In summary, the study proposes the need to promote regulatory and institutional reforms that ensure genuine prior consultation and in accordance with the principles established in ILO Convention 169.application/pdfspahttps://purl.org/coar/access_right/c_abf2https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Derechos humanos colectivosCollective human rightsCorrupciónCorruptionPolíticaPoliticsBarreras en la implementación de los derechos de los pueblos indígenas en el Perú: análisis de la consulta previa y la protección territorial frente a intereses económicosBarriers to the Implementation of Indigenous Peoples’ Rights in Peru: An Analysis of Prior Consultation and Territorial Protection in the Face of Economic Interestshttp://purl.org/coar/resource_type/c_46echttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01ODS 10: Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellosODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas