Examinando por Autor "Cardenas Manrique, Christian Edo"

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CARACTERIZACION DE SUSTANCIAS DE CORTE EN DROGAS COCAINICAS DECOMISADAS POR LA POLICIA NACIONAL ANTIDROGAS DEL PERU EN LOS AÑOS 2016 Y 2017
(Universidad Privada Norbert Wiener, 2019-01-28) Argomedo Muñoz, Flor María; Cardenas Manrique, Christian Edo
En el trabajo de investigación, se buscó la caracterización química de sustancias de corte en drogas cocaínicas, decomisadas por la Policía Nacional Antidrogas del Perú en los años 2016 y 2017, mediante el empleo del Cromatógrafo de Gases acoplado a Espectrometría de masas. Así se apreció que las drogas fueron principalmente: Pasta Básica de Cocaína, la cual decreció un- 6 % entre el año 2016 y 2017; mientras que, Clorhidrato de Cocaína tuvo un aumento significativo del 51 % entre el año 2017 con respecto al año 2016.. El número de sustancias de corte, detectadas en drogas cocaínicas decomisadas, se incrementó el año 2017 respecto al año 2016. La droga cocaínica con sustancias de corte, decomisada de mayor incidencia tanto en los años 2016 y 2017, fue la Pasta Básica de Cocaína.
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“Causales de contradicción en los procesos ejecutivos y su interpretación por los órganos jurisdiccionales”
(Universidad Privada Norbert Wiener, 2020-01-21) Espinoza Rangel, José Carlos; Cardenas Manrique, Christian Edo
El presente trabajo de investigación intitula: “Causales de Contradicción en los Procesos Ejecutivos y su interpretación por los Órganos Jurisdiccionales” Los procesos de ejecución a diferencia de los procesos de cognición, no hay que demostrar el derecho, por ello es que la actividad probatoria se centra en mayor medida al documento – título ejecutivo, que da la apariencia de derecho y conlleva a un mandato ejecutivo; esa apariencia de derecho, debe ser contradicha por el ejecutado en su contradicción a la demanda, basándose en lo indicado por el artículo 690-D de nuestro Código Procesal Civil, sin embargo, ese artículo ha sido motivo de diferente interpretación por parte de los jueces, como es el caso de la extinción de la obligación en la cual pueden darse por extinguida una obligación contenida en un título ejecutivo pero que por medio de otro acto jurídico se vinculan o cesan las obligaciones de las partes como son los supuestos, de novación, consolidación, dación en pago, transacción, mutuo disenso, etc.
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La condena del absuelto y su vulneración al debido proceso.
(Universidad Privada Norbert Wiener, 2022-02-22) Montellanos Llamoca, Sonia; Cardenas Manrique, Christian Edo
El artículo 125, inciso 3, Literal B del Código Procesal Penal, el mismo que advierte que “dentro de los límites del recurso se podrá confirmar o revocar la sentencia apelada, siendo que si la sentencia de primera instancia es absolutoria puede dictar sentencia condenatoria imponiendo las sanciones y reparación civil o referir la absolución a una causa diversa a la enunciada por el Juez (...)”. Ante esta reforma procesal, que permite condenar en segunda instancia a una persona que habría sido absuelta en primera, muchos autores se han mostrado a favor y otros en contra, ocasionando grandes debates doctrinarios al respecto. El derecho que tiene toda persona inmersa dentro de un proceso a recurrir e impugnar los fallos que considere perjudícales, no se determina con el simple hecho de acudir al ente superior, lo importante en este derecho es que su caso sea nuevamente evaluado con respeto a las garantías que le salvaguardan, lo que no se presentaría al solo reconocerle derecho de interposición de casación a persona condenada por primera vez en el ente superior. El debido proceso encierra un conjunto de parámetros, toda persona tiene reconocido el derecho a acceder a una pluralidad de instancias cuando cree haber visto menoscabado alguno de sus derechos a partir de una sentencia condenatoria (inciso 6 del artículo 138 de la constitución), entendiéndose a dicho derecho como un derecho fundamental, el que reconoce la posibilidad de cualquier persona de acceder a un órgano jurisdicción superior que revise lo resuelto en una sentencia desfavorable. No debemos olvidar que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha advertido en su artículo 14, inciso 5, que “toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por Ley” La Condena del absuelto permitiría la posibilidad de condenar “en segunda instancia” a una persona absuelta en primera, de esta manera quedaría limitado su posibilidad de acudir a juez superior a fin de que pueda revisar su caso, brindándole solo la posibilidad de interponer recurso de casación, el mismo que no es el ideal, ya que este recurso se limita a discusiones normativas y de derecho formal, no correspondiendo una fase probatoria, situación que dificultaría aún más la situación del procesado pues se menoscabaría el derecho de inmediación por parte del órgano decisorio. El propósito de esta tesis es el de plantear la posibilidad de que el condenado en primera instancia pueda interponer un recurso adecuado ante el ad quem que le garantice una correcta defensa, ello es la posibilidad de interponer el recurso de Apelación. Sin embargo, consideramos también que dicho recurso se debe interponer ante un órgano de superior jerarquía, puesto es bien sabido que un debido proceso comprende la posibilidad de acudir a un ente superior de mayor jerarquía, con mayor preparación, que pueda evaluar el caso. Ante ello planteamos la posibilidad de la creación de una Sala de Revisión Excepcional (sui generis), que deberá conocer los casos de apelación (del condenado en segunda instancia) a nivel nacional, de esta manera se brindaría total garantía de que el caso de fondo sea revisado, analizado y resuelto por un ente superior, siendo ello acorde con exigencias nacionales e internacionales para la protección de un debido proceso. Para el desarrollo de este trabajo se ha usado el método inductivo, puesto se describe la problemática que produce la institución de la condena del absuelto para abstraerse después a los principios del debido proceso que son afectados mediante su reconocimiento; y el método no experimental o ex post facto.
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Eficacia de las investigaciones fiscales derivadas de procesos de violencia familiar entre conyuges en las fiscalias de San Juan de Lurigancho en el año 2020
(Universidad Privada Norbert Wiener, 2022-10-25) Bardales Laderas, Karolay Berenice; Cardenas Manrique, Christian Edo
La tesis de título “Eficacia de las Investigaciones Fiscales derivadas de Procesos de Violencia Familiar entre Cónyuges en las Fiscalías de San Juan de Lurigancho en el año 2020”. El Objetivo: fue determinar la eficacia de las Investigaciones Fiscales derivadas de los procesos de Violencia Familiar entre cónyuges en las Fiscalías de San Juan de Lurigancho en el año 2020. Y es apoyada en la metodología tipo Descriptivo y Explicativo con un enfoque cualitativo y cuantitativo, y como delimitación social está compuesta por fiscales del distrito de San Juan de Lurigancho. La muestra estuvo conformada por 15 Fiscales Provinciales y/o Adjuntos de las Fiscalías Provinciales de San Juan de Lurigancho. Resultados: De acuerdo a nuestro análisis e interpretación de nuestros resultados, se visualiza que de la tabla Nº 01 y gráfico Nº 01 se obtiene que de los 10 fiscales del Ministerio Publico sede san juan de Lurigancho un 50% están parcialmente de acuerdo que son eficaces las investigaciones fiscales derivadas de proceso de violencia familiar entre cónyuges dentro de la fiscalía de dicha sede. Sin embargo, existe la otra parte del 50% que están de acuerdo y ellos consideran que si son eficaces dichas investigaciones de procesos en cuanto a la violencia familiar entre los cónyuges, de la misma sede del Ministerio Publico. Conclusión. Concluimos Según los resultados conseguidos se da por conclusión que las investigaciones fiscales derivadas de procesos de violencia familiar entre los cónyuges son eficaces y proceden de inmediato, por lo que la fiscalía considera importante investigar las denuncias al igual que las demás denuncias realizadas dentro del Ministerio Publico.