Examinando por Autor "Huamán Sánchez, Dennis"

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Informe Jurídico sobre Casación N°841-2015 Ayacucho
(Universidad Privada Norbert Wiener, 2026-02-04) Huamán Sánchez, Dennis; Portocarrero Zamora, Maria Elena
En este informe jurídico, Casación 841 – 2015 – Ayacucho, examinamos el recurso de casación interpuesto a favor de Tony Oswaldo Hinojosa Vivanco y Edwin Teodoro Ayala, donde fueron condenados en primera instancia por el Segundo Juzgado Unipersonal de la corte Superior de Justicia de Ayacucho por el delito de negociación incompatible y condenados con una pena de cuatro años de prisión, que fue suspendida por un tiempo de tres años. Esta sentencia fue confirmada en una apelación el 21 de agosto de 2015, que dio lugar a una casación para anular la sentencia original. La fiscalía los acusó de irregularidades en el procedimiento de contratación urgente de 2011 para la compra de tractores agrícolas y accesorios. En este caso, la adquisición de equipos quedo exenta del proceso de selección debido a la declaratoria de emergencia. Sin embargo, se evidenciaron insuficiencias organizativas en el procedimiento de formalización contractual, lo que dio lugar a cargos penales. El demandado Edwin Teodoro Ayala Hinostroza, en su calidad de director de la oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal manifestó: ✓ Se envió invitación a IPESA S.A.C y UNIMAQ S.A. el 28 de diciembre de 2011, antes de la aprobación oficial de la buena pro. ✓ Las órdenes de compra se emitieron entre el 26 y el 29 de diciembre. ✓ El contrato firmado con la empresa el 3 de enero de 2012 estipulaba que el plazo de entrega era en 30 días, mientras que el plazo de entrega para la base administrativa era solo en 2 días. Ante esta decisión, la defensa técnica apeló argumentando que las deficiencias administrativas del contrato de emergencia podían regularizarse y que no estaba que el demandado hubiera obtenido beneficios injustos o ilegales. Finalmente, el fallo de la Corte suprema toma en cuenta que las deficiencias administrativas descubiertas podían subsanarse y que no se había acreditado ningún beneficio indebido, por lo que anuló la condena y absolvió a los acusados. Asimismo, se desarrolló un principio jurisprudencial clave para la contratación estatal en futuras emergencias, estableciendo que las infracciones administrativas son penalmente relevantes cuando van acompañadas de pruebas concretas de otra conducta ilícita.