Examinando por Autor "Portocarrero Zamora, Maria Elena"

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Acceso abierto
Informe Jurídico sobre Casación N°841-2015 Ayacucho
(Universidad Privada Norbert Wiener, 2026-02-04) Huamán Sánchez, Dennis; Portocarrero Zamora, Maria Elena
En este informe jurídico, Casación 841 – 2015 – Ayacucho, examinamos el recurso de casación interpuesto a favor de Tony Oswaldo Hinojosa Vivanco y Edwin Teodoro Ayala, donde fueron condenados en primera instancia por el Segundo Juzgado Unipersonal de la corte Superior de Justicia de Ayacucho por el delito de negociación incompatible y condenados con una pena de cuatro años de prisión, que fue suspendida por un tiempo de tres años. Esta sentencia fue confirmada en una apelación el 21 de agosto de 2015, que dio lugar a una casación para anular la sentencia original. La fiscalía los acusó de irregularidades en el procedimiento de contratación urgente de 2011 para la compra de tractores agrícolas y accesorios. En este caso, la adquisición de equipos quedo exenta del proceso de selección debido a la declaratoria de emergencia. Sin embargo, se evidenciaron insuficiencias organizativas en el procedimiento de formalización contractual, lo que dio lugar a cargos penales. El demandado Edwin Teodoro Ayala Hinostroza, en su calidad de director de la oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal manifestó: ✓ Se envió invitación a IPESA S.A.C y UNIMAQ S.A. el 28 de diciembre de 2011, antes de la aprobación oficial de la buena pro. ✓ Las órdenes de compra se emitieron entre el 26 y el 29 de diciembre. ✓ El contrato firmado con la empresa el 3 de enero de 2012 estipulaba que el plazo de entrega era en 30 días, mientras que el plazo de entrega para la base administrativa era solo en 2 días. Ante esta decisión, la defensa técnica apeló argumentando que las deficiencias administrativas del contrato de emergencia podían regularizarse y que no estaba que el demandado hubiera obtenido beneficios injustos o ilegales. Finalmente, el fallo de la Corte suprema toma en cuenta que las deficiencias administrativas descubiertas podían subsanarse y que no se había acreditado ningún beneficio indebido, por lo que anuló la condena y absolvió a los acusados. Asimismo, se desarrolló un principio jurisprudencial clave para la contratación estatal en futuras emergencias, estableciendo que las infracciones administrativas son penalmente relevantes cuando van acompañadas de pruebas concretas de otra conducta ilícita.
Acceso abierto
Informe Jurídico sobre expediente 20009-2014-0–1801–JR–PE-11
(Universidad Privada Norbert Wiener, 2026-05-26) Soto Ruiz, Rafael José Alonso; Portocarrero Zamora, Maria Elena
En el presente informe jurídico se analiza el desarrollo del proceso penal por el delito de robo bajo la modalidad de robo agravado relacionado al expediente jurídico 20009-2014-01801–JR–PE-11, el cual inicia con la denuncia formalizada interpuesta por la agraviada Fabiana Ximena Villafuerte Astete en contra de Orlando Luis Quinto Davila, David Edison Franco Sarmiento y José Castillo Baca por el delito de robo agravado contra el patrimonio. En donde en Primera instancia, la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de Lima emitió sentencia en contra de Orlando Luis Quinto Davila como autor de delito contra el patrimonio - robo agravado en grado consumado, imponiendo trece años de pena privativa de libertad efectiva, a José Castillo Baca le impusieron siete años de pena privativa de libertad efectiva por ser cómplice secundario y a David Edson Franco Sarmiento, en calidad de cómplice secundario, se le impuso cuatro años de pena privativa de libertad suspendida. Los sentenciados presentaron y fundamentaron sus recursos de nulidad con respecto a la sentencia expedida por la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel. La Corte Suprema en segunda instancia resolvió el recurso de nulidad absolviendo a los sentenciados aplicando el principio de “in dubio pro-reo” y el principio de presunción de inocencia por presentarse dudas con respecto al relato de la agraviada manifestado a nivel policial y en juicio oral.