Informe Jurídico sobre Casación N°841-2015 Ayacucho

Abstract

En este informe jurídico, Casación 841 – 2015 – Ayacucho, examinamos el recurso de casación interpuesto a favor de Tony Oswaldo Hinojosa Vivanco y Edwin Teodoro Ayala, donde fueron condenados en primera instancia por el Segundo Juzgado Unipersonal de la corte Superior de Justicia de Ayacucho por el delito de negociación incompatible y condenados con una pena de cuatro años de prisión, que fue suspendida por un tiempo de tres años. Esta sentencia fue confirmada en una apelación el 21 de agosto de 2015, que dio lugar a una casación para anular la sentencia original. La fiscalía los acusó de irregularidades en el procedimiento de contratación urgente de 2011 para la compra de tractores agrícolas y accesorios. En este caso, la adquisición de equipos quedo exenta del proceso de selección debido a la declaratoria de emergencia. Sin embargo, se evidenciaron insuficiencias organizativas en el procedimiento de formalización contractual, lo que dio lugar a cargos penales. El demandado Edwin Teodoro Ayala Hinostroza, en su calidad de director de la oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal manifestó: ✓ Se envió invitación a IPESA S.A.C y UNIMAQ S.A. el 28 de diciembre de 2011, antes de la aprobación oficial de la buena pro. ✓ Las órdenes de compra se emitieron entre el 26 y el 29 de diciembre. ✓ El contrato firmado con la empresa el 3 de enero de 2012 estipulaba que el plazo de entrega era en 30 días, mientras que el plazo de entrega para la base administrativa era solo en 2 días. Ante esta decisión, la defensa técnica apeló argumentando que las deficiencias administrativas del contrato de emergencia podían regularizarse y que no estaba que el demandado hubiera obtenido beneficios injustos o ilegales. Finalmente, el fallo de la Corte suprema toma en cuenta que las deficiencias administrativas descubiertas podían subsanarse y que no se había acreditado ningún beneficio indebido, por lo que anuló la condena y absolvió a los acusados. Asimismo, se desarrolló un principio jurisprudencial clave para la contratación estatal en futuras emergencias, estableciendo que las infracciones administrativas son penalmente relevantes cuando van acompañadas de pruebas concretas de otra conducta ilícita.

In this legal report, Cassation 841-2015-Ayacucho, we examine the appeal filed on behalf of Tony Oswaldo Hinojosa Vivanco and Edwin Teodoro Ayala, who were convicted in the first instance by the Second Single-Judge Court of the Superior Court of Justice of Ayacucho for the crime of incompatible negotiation and sentenced to four years in prison, suspended for three years. This sentence was upheld on appeal on August 21, 2015, which led to an appeal to overturn the original sentence. The prosecution accused them of irregularities in the 2011 emergency procurement process for the purchase of agricultural tractors and accessories. In this case, the acquisition of the equipment was exempted from the selection process due to the declaration of a state of emergency. However, organizational deficiencies were evident in the contract formalization procedure, which led to criminal charges.

The defendant, Edwin Teodoro Ayala Hinostroza, in his capacity as director of the Supply and Fiscal Assets Office, stated: ✓ An invitation was sent to IPESA S.A.C. and UNIMAQ S.A. on December 28, 2011, before the official approval of the award.

✓ The purchase orders were issued between December 26 and 29.

✓ The contract signed with the company on January 3, 2012, stipulated that the delivery deadline was 30 days, while the delivery deadline for the administrative base was only 2 days. In response to this decision, the defense appealed, arguing that the administrative deficiencies of the emergency contract could be rectified and that the defendant had not obtained any unfair or illegal benefits. Ultimately, the Supreme Court ruling took into account that the discovered administrative deficiencies could be remedied and that no undue benefit had been proven, thus overturning the conviction and acquitting the defendants. Furthermore, a key jurisprudential principle for public procurement in future emergencies was developed, establishing that administrative infractions are criminally relevant when accompanied by concrete evidence of other illicit conduct.