Publicación: Análisis del debido proceso y la motivación judicial en el Expediente Penal N.º 03402-2023 por delito contra la libertad sexual en agravio de menor de edad
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Resumen
El presente trabajo analiza jurídicamente un expediente penal seguido contra Richard Gustavo Díaz Ruiz por el presunto delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de una menor de edad, previsto en el artículo 176-A del Código Penal. El estudio se centra en las deficiencias de motivación de la sentencia condenatoria de primera instancia, las cuales vulneraron la garantía constitucional de la debida motivación de las resoluciones judiciales y dieron lugar a que la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte declarara su nulidad y ordenara la realización de un nuevo juicio oral. A partir del análisis del expediente, se examina la importancia de una adecuada fundamentación en la valoración de la prueba y en la determinación de la responsabilidad penal, destacando la debida motivación como garantía del debido proceso, de la tutela judicial efectiva y como límite al ejercicio del poder punitivo del Estado.
Resumen
El presente trabajo analiza jurídicamente un expediente penal seguido contra Richard Gustavo Díaz Ruiz por el presunto delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de una menor de edad, previsto en el artículo 176-A del Código Penal. El estudio se centra en las deficiencias de motivación de la sentencia condenatoria de primera instancia, las cuales vulneraron la garantía constitucional de la debida motivación de las resoluciones judiciales y dieron lugar a que la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte declarara su nulidad y ordenara la realización de un nuevo juicio oral. A partir del análisis del expediente, se examina la importancia de una adecuada fundamentación en la valoración de la prueba y en la determinación de la responsabilidad penal, destacando la debida motivación como garantía del debido proceso, de la tutela judicial efectiva y como límite al ejercicio del poder punitivo del Estado.