Accesibilidad en el transporte público terrestre y su impacto en los derechos fundamentales de personas con discapacidad física, Lima 2026

Abstract

La presente investigación se encuentra enfocada a los derechos humanos en materia de accesibilidad, su principal eje fue la accesibilidad como fuente para el desarrollo dentro de la comunidad, aboliendo la discriminación en cualquiera de sus facetas e implementando ajustes razonables para un acceso libre de barreras. El estudio permite identificar vacíos existentes en el marco normativo actual para que de esta manera se pueda implementar mejoras que permitan un desarrollo a favor de las personas con discapacidad física mediante la fiscalización, el diseño de políticas públicas efectivas y una revisión crítica de la estructura organizacional del principal ente rector en la materia, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) pues su misma dependencia, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, no permite que realice funciones fiscalizadoras más severas pues actuaría como juez y parte dejando de lado la imparcialidad frente a estos casos. Se tuvo como objetivo determinar de qué manera el marco normativo sobre la accesibilidad en el transporte público terrestre garantiza o limita el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad física en Lima durante el año 2026. Se realizó una investigación de enfoque cualitativo con un diseño de investigación jurídico-dogmático, junto con el análisis de normas nacionales e internacionales, jurisprudencia y doctrina orientado a los derechos humanos. Los resultados obtenidos demostraron que sí existe un reconocimiento normativo sobre el tema en cuestión, sin embargo, aún sigue existiendo una brecha significativa entre la norma y su aplicación, en primer lugar, debido a los deficientes mecanismos de fiscalización y coordinación en conjunto de las entidades responsables. En este contexto, se concluye que la problemática no se evidencia por una ausencia de regulación jurídica, sino en la debilidad de su implementación práctica eficiente, es por ello que resulta necesario fortalecer los mecanismos de supervisión, promover políticas públicas integrales y garantizar una estructura institucional independiente que permita asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en el transporte público terrestre.

This research focuses on human rights related to accessibility. Its main theme is accessibility as a source of development within the community, abolishing discrimination in all its forms and implementing reasonable accommodations for barrier-free access. The study identifies gaps in the current regulatory framework so that improvements can be implemented to promote development for people with physical disabilities. This can be achieved through oversight, the design of effective public policies, and a critical review of the organizational structure of the main governing body in this area, the National Council for the Integration of Persons with Disabilities (CONADIS). CONADIS's own affiliation with the Ministry of Women and Vulnerable Populations prevents it from carrying out more rigorous oversight functions, as this would allow it to act as both judge and jury, compromising impartiality in these cases. The objective was to determine how the regulatory framework for accessibility in public land transportation guarantees or limits the exercise of the fundamental rights of people with physical disabilities in Lima during 2026. A qualitative research approach was used, employing a legal-dogmatic research design, along with an analysis of national and international regulations, jurisprudence, and human rights doctrine. The results showed that while there is regulatory recognition of the issue, a significant gap remains between the law and its application, primarily due to deficient oversight and coordination mechanisms among the responsible entities. In this context, it is concluded that the problem stems not from a lack of legal regulation, but from the weakness of its efficient practical implementation. Therefore, it is necessary to strengthen oversight mechanisms, promote comprehensive public policies, and guarantee an independent institutional structure that ensures the effective exercise of the rights of people with disabilities in public land transportation.