Publicación: Informe Jurídico sobre Expediente N° 02011-2013-0-0401-JR-FC-02
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Resumen
En este informe jurídico se analiza el proceso judicial de divorcio informado basado en separación de hecho. La demanda fue interpuesta contra la señora M.I. por el señor A.G., representante legal de I.M., junto con el Ministerio Público. La pretensión principal fue declarar el divorcio con el fin de eliminar la relación conyugal por separación de hecho durante la ruptura de cuatro años, argumentando que las partes se encontraban separadas a partir del 17 de diciembre de 2008, día en el que se inició la demanda y se solicitó el divorcio, fecha en que la demandada habría abandonado la residencia conyugal en Bello Horizonte, Tacna. La demandada respondió negando que hubiera salido del domicilio sin motivo y afirmó que la separación se debió a violencia psicológica infligida por el demandante. Asimismo, reclamó que se estableciera a su favor se otorgará una pensión alimenticia y se declarará como la esposa más afectada, ya que era la esposa más afectada solicitar prioridad en la distribución de los bienes conyugales destinados a vivienda. El juez de primera instancia dictó Resolución N°. 24 el 16 de marzo de 2016, anunciando que la demandante quedó establecida y otorgó asistencia social a la demandada, al considerar que ella fue la cónyuge que sufrió el daño más grave. Esta decisión se basó en su situación financiera adversa resultante de la grave enfermedad, los gastos médicos relacionados y la pérdida del seguro médico tras el divorcio. Sin embargo, el Tribunal Superior revocó su decisión sobre este punto, afirmando que no estaba probado que la enfermedad del demandado fuera consecuencia directa del divorcio, ni que el demandante fuera responsable de dichas circunstancias, por lo que concluyó que el artículo 345-A era no aplicable. Código civil. Por otro lado, la Resolución de Vista de segunda instancia emitida por la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Arequipa el 21 de noviembre de 2016 llegó al extremo y revocó parcialmente el fallo de primera instancia. en el extremo que adjudicaba de manera preferente priorizaron la adjudicación del bien social a Mabel Ivonne Díaz Mercado, señalando que no había evidencia de que la imputada fuera la cónyuge que más daño sufrió por la separación de hecho, pues no se considera que la imputada padezca lupus eritematoso sistémico. consecuencia de la separación. La separación, dado que el diagnóstico tenía una base genética, no surgió de los hechos del demandante. Pero no había pruebas de que la enfermedad afectara su capacidad para trabajar o de que los ingresos obtenidos por el alquiler de la propiedad fueran insuficientes para mantenerse. Entre otras cosas, el tribunal declaró que no admitiría daños y perjuicios, incluyendo lesiones personales o asignación preferente de propiedades inmobiliarias, porque ni existía un desequilibrio económico entre los cónyuges ni que la separación hubiera causado un daño directo al demandado. Por tanto, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de primera instancia y consideró que la Sala establece que toda persona que se vea afectada económicamente por la separación debe ser considerada cónyuge perjudicado, garantizando así el equilibrio económico entre los ex cónyuges. A través de estas acciones se identificarán y analizarán las principales cuestiones jurídicas del caso específico, en este caso en torno a una enfermedad grave, no directamente relacionada con el divorcio, que podría sustentar los reclamos del cónyuge más agraviado, señala el análisis. Esto se hará de acuerdo con las regulaciones y principios actualizados en torno a enfermedades graves.
Resumen
This legal report analyzes the reported divorce proceedings based on de facto separation. The lawsuit was filed against Ms. M.I. by Mr. A.G., I.M.'s legal representative, together with the Public Prosecutor's Office. The main claim was to declare a divorce in order to eliminate the marital relationship due to de facto separation during the four-year separation, arguing that the parties had been separated since December 17, 2008, the day the lawsuit was filed and the divorce was requested, the date on which the defendant allegedly left the marital residence in Bello Horizonte, Tacna. The defendant responded by denying that she had left the home without cause and claimed that the separation was due to psychological violence inflicted by the plaintiff. She also requested that alimony be awarded in her favor and that she be declared the most affected spouse, as she was the most affected spouse, and that she request priority in the distribution of marital property used for housing. The trial judge issued Resolution No. 24 on March 16, 2016, announcing that the plaintiff's claim was settled and granting social assistance to the defendant, finding that she was the spouse who suffered the most serious harm. This decision was based on her adverse financial situation resulting from her serious illness, related medical expenses, and the loss of health insurance following the divorce. However, the High Court reversed its decision on this point, stating that it was not proven that the defendant's illness was a direct consequence of the divorce, nor that the plaintiff was responsible for these circumstances, and therefore concluded that Article 345-A of the Civil Code was inapplicable. On the other hand, the Second Instance Hearing Resolution issued by the Third Civil Chamber of the Superior Court of Arequipa on November 21, 2016, went so far as to partially reverse the first instance ruling. In the case that preferentially awarded the property, they prioritized the award of the joint property to Mabel Ivonne Díaz Mercado, noting that there was no evidence that the defendant was the spouse who suffered the most harm from the de facto separation, as the defendant is not considered to suffer from systemic lupus erythematosus as a consequence of the separation. The separation, given that the diagnosis had a genetic basis, did not arise from the plaintiff's actions. However, there was no evidence that the disease affected her ability to work or that the income obtained from renting the property was insufficient to support her. Among other things, the court declared that it would not admit damages, including personal injuries or preferential allocation of real estate, because there was no economic imbalance between the spouses nor had the separation caused direct harm to the defendant. Therefore, the Supreme Court affirmed the lower court's ruling and held that the Court established that any person financially affected by the separation should be considered an injured spouse, thus ensuring economic balance between the former spouses. Through these actions, the main legal issues of the specific case will be identified and analyzed, in this case surrounding a serious illness, not directly related to the divorce, that could support the claims of the more aggrieved spouse, the analysis states. This will be done in accordance with updated regulations and principles regarding serious illnesses.