Informe Jurídico sobre Despido Arbitrario en el Expediente N° 22451-2015

Abstract

El Contrato Administrativo de Servicios (CAS) representa un tipo de relación laboral en el sector público que, a pesar de estar regulado como un régimen especial, mantiene los elementos de un vínculo laboral convencional, tales como la subordinación, la dependencia y el derecho a percibir una remuneración. Esto confirma su carácter laboral, de ahí la importancia de proteger los derechos de los trabajadores dentro de este sistema, considerando las particularidades propias del empleo público. (Zavala, 2018) En el Perú, el régimen CAS permite que el sector público contrate personal de manera temporal. No obstante, ha sido ampliamente cuestionado debido a las restricciones en los derechos laborales que otorga y por fomentar condiciones de trabajo precarias. Este tipo de contratación no garantiza derechos fundamentales como la estabilidad laboral ni contempla el derecho a indemnización, lo que provoca conflictos tanto legales como sociales. La ausencia de un control efectivo sobre los informes laborales y contractuales puede generar inconsistencias en los contratos, como la omisión de causas objetivas claras. Esto propicia la desnaturalización de los contratos temporales y limita la capacidad de las instituciones para sustentarse legalmente frente a eventuales reclamaciones laborales. La demandante, G. C. P. N. interpuso una demanda contra el Congreso de la República, argumentando despido incausado y la desnaturalización de los contratos firmados a plazo fijo. Inicialmente, el juzgado ordenó su reposición en el cargo; no obstante, tras la apelación presentada por el procurador público, la sentencia fue anulada y el caso retornó al juzgado laboral especializado. En el nuevo proceso, se emitió un fallo parcial a favor de la demandante, reconociendo la desnaturalización de su vínculo laboral y disponiendo el pago de una indemnización por despido arbitrario. En este trabajo académico se planteó los siguientes objetivos: (1) Determinar si es legal desnaturalizar los contratos temporales bajo modalidad específica. (2) Verificar si la demandada cumplió con las normativas del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo, respecto a la temporalidad y renovación de contratos (3) analizar si es procedente la reposición laboral cuando no se ingresó por concurso público. La demandante desempeñó funciones en el Congreso de la República desde 2013, ocupando el cargo de Técnico Nivel ST-5 en la sección de transcripciones, donde realizaba labores de naturaleza permanente según lo establecido en el Manual de Organización. En 2015, fue cesada sin previo aviso tras el vencimiento de un contrato temporal, a pesar de haber solicitado su renovación. Alegó que los contratos modales habían sido desnaturalizados debido a la falta de causa objetiva válida que justificara su carácter temporal del trabajo que venía realizando. Por su parte, el Congreso argumentó que la contratación respondía al incremento de labores complementarias, aunque no logró demostrar la temporalidad de dichas funciones. Por lo que, el despido fue considerado arbitrario.

The Administrative Services Contract (CAS) represents a type of employment relationship in the public sector that, despite being regulated as a special regime, maintains the elements of a conventional employment relationship, such as subordination, dependence, and the right to receive remuneration. This confirms its labor nature, hence the importance of protecting workers' rights within this system, considering the specific characteristics of public employment. (Zavala, 2018) In Peru, the CAS regime allows the public sector to hire personnel on a temporary basis. However, it has been widely questioned due to the restrictions on the labor rights it grants and for fostering precarious working conditions. This type of contract does not guarantee fundamental rights such as job stability or the right to compensation, which leads to both legal and social conflicts. The lack of effective oversight over labor and contractual reports can generate inconsistencies in contracts, such as the omission of clear objective reasons. This leads to the distortion of temporary contracts and limits the ability of institutions to legally defend themselves against potential labor claims. The plaintiff, G. C. P. N., filed a lawsuit against the Congress of the Republic, arguing unjustified dismissal and the distortion of fixed-term contracts. Initially, the court ordered her reinstatement; however, after an appeal filed by the public prosecutor, the ruling was overturned and the case returned to the specialized labor court. In the new trial, a partial ruling was issued in favor of the plaintiff, recognizing the distortion of her employment relationship and ordering the payment of compensation for unfair dismissal. This academic work sets out the following objectives: (1) To determine whether it is legal to distort temporary contracts under a specific modality. (2) To verify whether the defendant complied with the regulations of Legislative Decree 728, the Employment Promotion Law, regarding the temporary nature and renewal of contracts. (3) To analyze whether reinstatement is appropriate when the applicant did not enter through a public competition. The plaintiff served in the Congress of the Republic since 2013, occupying the position of Level ST-5 Technician in the transcription section, where she performed permanent duties as established in the Organization Manual. In 2015, she was terminated without prior notice after the expiration of a temporary contract, despite having requested its renewal. She alleged that the modal contracts had been distorted due to the lack of a valid objective reason justifying the temporary nature of the work she was performing. For its part, Congress argued that the hiring was due to an increase in complementary duties, although it failed to demonstrate the temporary nature of these duties. Therefore, the dismissal was considered arbitrary.