Criminalización del aborto como violencia de género estructural en el derecho penal peruano: análisis desde el Derecho Internacional, 2025

Abstract

La presente investigación analiza sobre cómo la criminalización del aborto en el Perú opera como una forma de violencia de género estructural dentro del derecho penal. A partir de un estudio de la normativa penal peruana sobre el aborto y su contraste con los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ( CEDAW, Comité de Derechos Humanos, Sistema Interamericano), se evidencia que la sanción penal afecta de manera desproporcionada a aquellas mujeres, especialmente a las que se encuentran en condición de vulnerabilidad, esto es pobreza, niñas y adolescentes. La investigación identifica que la penalización limita el acceso efectivo a los servicios de salud reproductiva, refuerza estereotipos de género y vulnera derechos como igualdad, la autonomía y la vida digna. Finalmente, concluye en que el Estado peruano tiene la obligación de revisar su legislación penal sobre el aborto, eliminar la prisión como respuesta principal y avanzar hacia un modelo que priorice la salud, la autonomía reproductiva y la erradicación de la violencia de género.

This research examines how the criminalization of abortion in Peru operates as a formo f structural gender base violence within criminal law. Based on an análisis of Peru´s criminal abortion framework and its comparison with internacional human rights standards (CEDAW, the Human Rights Commnittee, and the Inter – American Systme), the study showa that criminal sanctions disproportionately affect women, particulary those in vulnerable situatios – such as poverty, and girld and adolescents. The reseach find tha criminalization restricts effective Access to reproductive health services, reinforces gender stereotypes, and violates rights such as equality, autonomy, and a life with dignity. Finaly, it concludes tha the Peruvians State has an obligation to review its criminal legislation on abortion, remove imprisonment as the primary response, and move toward a model that prioritizes health, reproductive autonomy, and the eradication of gender - based violence.