Publicación: Criminalización del aborto como violencia de género estructural en el derecho penal peruano: análisis desde el Derecho Internacional, 2025
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Resumen
La presente investigación analiza sobre cómo la criminalización del aborto en el Perú opera como una forma de violencia de género estructural dentro del derecho penal. A partir de un estudio de la normativa penal peruana sobre el aborto y su contraste con los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ( CEDAW, Comité de Derechos Humanos, Sistema Interamericano), se evidencia que la sanción penal afecta de manera desproporcionada a aquellas mujeres, especialmente a las que se encuentran en condición de vulnerabilidad, esto es pobreza, niñas y adolescentes. La investigación identifica que la penalización limita el acceso efectivo a los servicios de salud reproductiva, refuerza estereotipos de género y vulnera derechos como igualdad, la autonomía y la vida digna. Finalmente, concluye en que el Estado peruano tiene la obligación de revisar su legislación penal sobre el aborto, eliminar la prisión como respuesta principal y avanzar hacia un modelo que priorice la salud, la autonomía reproductiva y la erradicación de la violencia de género.
Resumen
This research examines how the criminalization of abortion in Peru operates as a formo f structural gender base violence within criminal law. Based on an análisis of Peru´s criminal abortion framework and its comparison with internacional human rights standards (CEDAW, the Human Rights Commnittee, and the Inter – American Systme), the study showa that criminal sanctions disproportionately affect women, particulary those in vulnerable situatios – such as poverty, and girld and adolescents. The reseach find tha criminalization restricts effective Access to reproductive health services, reinforces gender stereotypes, and violates rights such as equality, autonomy, and a life with dignity. Finaly, it concludes tha the Peruvians State has an obligation to review its criminal legislation on abortion, remove imprisonment as the primary response, and move toward a model that prioritizes health, reproductive autonomy, and the eradication of gender - based violence.