Publicación: Informe Jurídico sobre casación N° 23672-2018 - Junín
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Resumen
El caso se inició con la denuncia de Electro Oriente S.A. contra Energía y Organización de Sistemas S.A., acusándola de haber presentado documentos falsificados en su oferta técnica para el Concurso Público N° 6-2012/EO-L. Como resultado, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) sancionó a la empresa con una inhabilitación de 40 meses, decisión que fue impugnada mediante recurso administrativo. El juez de primera instancia anuló las resoluciones sancionatorias, al considerar que la empresa no había generado los documentos falsificados y que no se había acreditado que conociera su falsedad. Destacó la falta de valoración de la intencionalidad y del daño causado. La Sala Civil Permanente de Huancayo confirmó esta decisión, argumentando que no se podía sancionar a la empresa sin prueba de su conocimiento de la falsificación. Finalmente, la Corte Suprema, mediante sentencia en casación N° 23672-2018- Junín, revocó esta decisión y confirmó la sanción de la OSCE. Afirma que la empresa era responsable de verificar la autenticidad de los documentos presentados y que, de acuerdo con la Ley de Contratos del Estado, la mera presentación de documentos falsificados constituía un Infracción administrativa, sin necesidad de probar intención fraudulenta. El siguiente análisis examinará las principales cuestiones jurídicas planteadas en esta sentencia a la luz del derecho aplicable, la jurisprudencia y la doctrina.
Resumen
The case began with a complaint filed by Electro Oriente S.A. against Energía y Organización de Sistemas S.A., accusing it of submitting falsified documents in its technical bid for Public Tender No. 6-2012/EO-L. As a result, the State Procurement Supervisory Agency (OSCE) sanctioned the company with a 40-month ban, a decision that was challenged through an administrative appeal. The trial judge annulled the sanctioning resolutions, finding that the company had not generated the falsified documents and that it had not been proven that it was aware of their falsification. The judge emphasized the lack of assessment of the intent and the damage caused. The Permanent Civil Chamber of Huancayo upheld this decision, arguing that the company could not be sanctioned without proof of its knowledge of the falsification. Finally, the Supreme Court, in cassation ruling No. 23672-2018-Junín, reversed this decision and upheld the OSCE sanction. It stated that the company was responsible for verifying the authenticity of the documents submitted and that, according to the State Contracts Law, the mere submission of falsified documents constituted an administrative violation, without the need to prove fraudulent intent. The following analysis will examine the main legal issues raised in this ruling in light of applicable law, jurisprudence, and doctrine.