Publicación: Informe sobre el Expediente N.° 251-2020-SUNAFIL/IRE-AQP
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Resumen
El presente trabajo de suficiencia profesional analiza el procedimiento administrativo sancionador tramitado en el Expediente N.° 251-2020-SUNAFIL/IRE-AQP ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, seguido contra la empresa Compartamos Financiera S.A., por la presunta comisión de actos de hostilidad laboral en perjuicio de una trabajadora. El caso fue resuelto en primera y segunda instancia administrativa, y posteriormente revisado por el Tribunal de Fiscalización Laboral, que revocó las decisiones adoptadas en dichas instancias. El estudio examina la configuración de los actos de hostilidad laboral como manifestación de afectación a la dignidad del trabajador y como límite al poder de dirección del empleador. Asimismo, se analiza la valoración del audio como medio probatorio central, destacando la importancia de un enfoque integral y contextual frente a interpretaciones restrictivas. A partir de un análisis comparado de las resoluciones, se identifican criterios divergentes entre las instancias administrativas y el Tribunal, particularmente en la valoración probatoria y en el estándar de protección de la dignidad del trabajador.
Resumen
This professional competency study analyzes the administrative sanctioning proceeding conducted under File No. 251-2020-SUNAFIL/IRE-AQP before the National Superintendence of Labor Inspection (SUNAFIL). The case was brought against Compartamos Financiera S.A. regarding alleged acts of workplace hostility directed at a female employee. The matter was resolved at both the initial and appellate administrative levels and subsequently reviewed by the Labor Inspection Tribunal, which overturned the decisions made at those prior stages. The study examines the nature of acts of workplace hostility as an infringement on the worker's dignity and as a limit on the employer's managerial authority. It also analyzes the assessment of an audio recording as a key piece of evidence, highlighting the importance of a comprehensive, contextual approach over restrictive interpretations. A comparative analysis of the resolutions reveals divergent criteria between the administrative bodies and the Tribunal, particularly regarding the evaluation of evidence and the standard for protecting the worker's dignity.